Las patronales turísticas urgen al Gobierno a asumir la gestión de costas

Las patronales turísticas canarias ‒Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL‒ urgen al Gobierno regional a que ejerza de manera inmediata las competencias en materia de costas y gestión del litoral que asumió en virtud del artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, cuya reforma se aprobó en las Cortes Generales en noviembre de 2018.

Con esta demanda, histórica en las islas, aún pendiente, los expedientes y conflictos competenciales que debe resolver Canarias con urgencia se han acumulado con los años, indican en una nota.

Además, el Gobierno central lleva todo este tiempo sin dotar la ficha financiera que requiere el ejercicio de estas competencias, una situación inaceptable a juicio de las patronales. En cualquier caso, aunque esa dotación económica no esté lista aún, Canarias debe ejercer esta función desde el momento en que estas competencias se recogieron en la reforma del Estatuto de Autonomía.

Algunas de las concesiones administrativas pendientes están, por ejemplo, las de chiringuitos de playa o los servicios esenciales de hamacas y sombrillas, con demora de hasta dos años para dar respuesta a las solicitudes.

Destaca la inversión prevista para la renovación del hotel RIU Oliva Beach, en Fuerteventura, bloqueada desde hace cuatro años por parte del Gobierno estatal, un establecimiento del que dependen más de 400 profesionales en plantilla. Asimismo, se suma la paralización de proyectos de playas vinculados a nuevas instalaciones hoteleras o la existencia de paseos marítimos en penosas condiciones.

Otros casos conocidos son los de Arguineguín, en Gran Canaria, en el que varios establecimientos ven peligrar sus instalaciones esenciales (solárium, terrazas, zonas comunes de piscinas…), debido a que dependen también de concesiones administrativas que se han caducado, pero cuyas prórrogas no se tramitan. Esta situación genera una inseguridad jurídica enorme a las empresas.

En Tenerife están paralizados, entre otros, el proyecto de la playa de Martiánez, la marina deportiva de Puerto de la Cruz, las playas de Los Tarajales , Las Salinas o San Salvador y San Blas. Asimismo, mejoras necesarias en playas turísticas ya existentes, como El Camisón o Fañabé, con proyectos privados presentados hace ya tres años, siguen a la espera.

Los empresarios turísticos han defendido en numerosas ocasiones que de la costa canaria, convertida en el principal atributo turístico de las Islas, es totalmente imprescindible su preservación medioambiental para el desarrollo respetuoso de la actividad turística.

Esa mayor cercanía de la administración competente, que es efectiva desde hace meses pero que no se ejerce, debe servir para compatibilizar una mayor protección del medio con el turismo, principal motor de la economía canaria.

Además, todos estos conflictos burocráticos solo contribuyen a empeorar la experiencia de los visitantes que llegan a las Islas, un destino multiexperiencia que tiene en el sol y la playa dos de sus principales atractivos.

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Con esta competencia en sus manos, el Ejecutivo regional puede establecer y regular los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas; la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones; la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general; o la atribución de los servicios que se presten en playas y demás lugares del litoral, en coordinación con las entidades locales.