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El proyecto de ley de la vivienda vacacional presentado ante el Parlamento de Canarias continúa suscitando el rechazo de cientos de canarios que consideran que la norma es una prohibición encubierta de su actividad.
En el período de consulta pública que abrió el pasado 26 de marzo de forma excepcional el Parlamento de Canarias a petición de la Asociación de la Vivienda Vacacional (Ascav), el texto ha recibido casi 1.000 alegaciones a través de la web de la Cámara regional y todo ello, pese a la dificultad del trámite. Como denunció en su día la Ascav, el procedimiento era engorroso y complicado para personas no familiarizadas con las nuevas tecnologías. Algunos interesados llegaron a tardar horas en culminar el procedimiento a través del entorno web del Parlamento de Canarias.
A este millar de alegaciones que entraron directas y han sido aprobadas por el Parlamento hay que sumar otros 4.500 manifiestos de ciudadanos anónimos y 580 de empresas y asociaciones profesionales que la Ascav ha recogido por su cuenta y que en los próximos días serán entregados a la Cámara regional. Como indica Doris Borrego, presidenta de la Ascav, la asociación puso en marcha esta recogida directa de alegaciones como forma de superar las restricciones de la herramienta web del Parlamento. «Quisimos dejar constancia que la participación ciudadana en relación a este proyectoley va mucho más allá de la nesfasta aplicación de una web que hacía técnicamente inviable una participación más masiva de la ciudadanía», indica Borrego.
Las 1.000 alegaciones serán ahora remitidas a los grupos parlamentarios para que, en la medida de lo posible, las incluyan en los enmiendas parciales que están preparando y presentarán al texto en Parlamento. Desde la Ascav intentarán que las más de 5.000 recogidas de forma directa se tengan en cuenta aunque no entraran por la vía oficial.
La mayoría de las alegaciones son coincidentes y se dirigen a una serie de aspectos de la norma que consideran que deben modificarse. Entre otras cosas, los ciudadanos alegan que se consolide la oferta existente; solicitan la no exigencia de la actividad clasificada para los que ya existen y piden que aquellas personas con una vivienda familiar que fallezca pueden trasmitir a sus hijos la actividad. Además, reclaman que se diferencie entre el pequeño propietario y el gran tenedor.
Por otro lado, desde la Ascav se celebra que la plataforma Airbnb haya decidido retirar de su web toda la oferta que no sea vivienda, como barcos, yurtas o furgones. «Esta oferta causa una pésima reputación al sector no solo a esta actividad sino también al Turismo de Canarias», apuntan desde la asociación.
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