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Según la asociación que preside Doris Borrego, la proposición de ley –impulsada por ahora por todos los grupos menos el PP– implica que no se pueden realizar alquileres de larga temporada en zonas turísticas ni alquiler vacacional, e incluso residir, con la «limitadísima excepción» de la disposición transitoria de la ley del suelo.
«Si tienes un apartamento, has de saber que de salir adelante esta ley no podrás hacer nada con él salvo entregarla a una empresa explotadora o usarla los fines de semana», afirma la asociación.
Además, apunta que las sanciones aumentan de los 1.501 euros actuales hasta los 300.000 euros, unas cantidades «totalmente desproporcionadas», ya que superan «con creces» los valores de la mayoría de los inmuebles.
«No sólo se va a guillotinar los derechos de estos propietarios sino que también se fulminarán a las empresas inmobiliarias: ¿quién va a comprar un apartamento turístico o vivienda para fines vacacionales con estas limitaciones? Las caídas en las ventas serán espectaculares», pronostica Ascav.
Insiste en que la ley es un «auténtico expolio» a los propietarios de apartamentos y viviendas vacacionales y a las empresas canarias, «y todo para dejar el negocio en manos de los de siempre», al tiempo que critica que se vote la ley «de espaldas» al colectivo y en contra de los pronunciamientos del Tribunal Supremo.
Ascav afirma que «nuevamente, con nocturnidad y alevosía, se pretende votar una modificación de la ley de modernización de turismo en contra de las resoluciones del Supremo en relación a la vivienda vacacional».
Y recueda la asociación que la vivienda vacacional representa «tan sólo el 3% del parque total de viviendas en el archipiélago».
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