La Justicia archiva la querella del Grupo Boluda contra funcionarios de Puertos de Las Palmas

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha archivado la acción penal ejercida por el grupo Boluda contra seis funcionarios de Puertos de Las Palmas y una mercantil competidora en el servicio portuario de remolques, una querella presentada en 2021 contra la adjudicación de ese servicio a la empresa Odiel Towage SL.

En un auto dictado el 11 de mayo, los magistrados de la Sección Primera ratifican el de marzo de 2021 del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que acordó el sobreseimiento provisional de la causa penal instada por la filial del Grupo Boluda Remolcadores y Barcazas de Las Palmas SA.

Los querellantes entendían que seis funcionarios y cargos intermedios de la Autoridad Portuaria de Las Palmas habrían incurrido en malversación de caudales públicos, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, debido a la «paralización de la tramitación administrativa para la aprobación o adaptación del pliego de prescripciones particulares para la concesión del servicio portuario de remolque» en Puertos de Las Palmas.

Los magistrados Pedro Herrera, Miguel Ángel Parramón y Secundino Alemán consideran que «el relato de la querella está exento de la necesaria y primaria base indiciaria que se precisa para justificar si quiera el inicio de una investigación judicial, la cualen modo alguno puede ampararse en una secuencia interesaday difusa de hechos y en su indiscriminada proyección frente a funcionarios públicos estatales, nacionales y provinciales, (total de seis), y frente a una entidad mercantil y su responsable con la que se compite en la prestación de los servicios portuarios de remolque…» de Puertos de Las Palmas.

Admiten los jueces en el auto que la normativa aplicable «resulta compleja, pero lo que en modo alguno se justifica por la querellante es la existencia de un complot administrativo a escala nacional y provincial, con ocultación de documentación pública de interés, contravención de la normativa aplicable y con el consiguiente desvío de fondos, gestado con el único fin de favorecer a una competidora en contra de sus legítimos intereses».

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