La licitación de obra pública por parte del Gobierno de Canarias sufrió una significativa caída durante el ejercicio 2024. Tras varios años al alza, el gasto realizado por el Ejecutivo regional se situó en los 174,58 millones de euros, un 30% menos que en 2023.
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Este descenso se fraguó en su totalidad en la provincia de Las Palmas, que con 62,59 millones de euros experimentó una caída del 58,5% respecto a 2023. Mientras, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se licitaron 87,5 millones de euros, un 4,7% más que el año anterior.
Sin embargo, la región en su conjunto alcanzó en 2024 su mayor gasto en la licitación de obra pública en los últimos 10 años con una cantidad ejecutada de 1.159,585 millones de euros. Respecto a 2023, el crecimiento fue relativamente plano, con 82 millones de euros.
El archipiélago llega a esta cifra gracias principalmente al gasto acarreado por el Gobierno estatal y los cabildos y ayuntamientos que mejoraron un 26,7% y un 15% sus desempeños. Las administraciones locales volvieron a ser las que aportaron el mayor desempeño económico con 745,29 millones de euros, según se extrae de las estadísticas anuales de licitación publicadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).
Falta de inversión
No obstante, los constructores de las islas siguen viendo estas cifras como insuficientes, especialmente las que realiza el Gobierno de Canarias, que muestran una apatía en su estrategia de inversión.
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Este recorte en la inversión pone de manifiesto el problema que existe con la multitud de obras que quedan desiertas en Canarias. La presidenta de la patronal de los constructores de Las Palmas, María de la Salud Gil, criticó recientemente que la Administración esté renegando de las empresas privadas sacando a licitación obras por debajo de su coste real, causando que no sea rentable para los entes privados acceder a ellas, pasando a adjudicar a dedo estas obras posteriormente a empresas públicas por, con el perjuicio añadido de hacerlo por un valor muy superior al estipulado originalmente.
Asimismo, las empresas públicas están incurriendo según Salud Gil en una ilegalidad, ya que para poder recibir encargos de obras es requisito fundamental tener medios suficientes, algo que están incumpliendo pese a «estar quitándonos los trabajadores ofreciendo el doble de salario para atraerlos».
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Esto está causando una fuga de trabajadores del sector privado que se acentúa cuando, debido a los problemas de personal, se ven forzados a subcontratar el 100% de la obra. Esto supera el límite del 50% establecido para las subcontrataciones.
Por su parte, la Administración central aportó un gasto de 239,7 millones de euros, un 128,49% más que 10 años atrás.
Canarias sostuvo durante el transcurso de 2024 un gasto repartido entre la edificación y la obra civil destinando 602,79 y 556,786 millones de euros respectivamente.
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Realizando una comparación con 2014, un año todavía muy marcado por la crisis económica que azotaba todo el país, el desembolso realizado por parte del Ejecutivo regional se ha incrementado en un 76, 44%.
Gasto nacional
El encefalograma plano que muestra Canarias contrasta con la inversión realiza a nivel nacional que aumentó de los 26,7 mil millones de euros en 2023 a los 29,4 mil millones de euros en 2024, motivado fundamentalmente por el crecimiento en las administraciones locales, superando los tres mil millones de euros. En cuanto al resto de administraciones autónomicas, la subida rondó los mil millones de euros.
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