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Jueves, 14 de noviembre 2024, 11:57
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El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, ha anunciado este jueves que desde mañana las entidades financieras podrán adherirse al contrato de líneas de avales para hacer frente a las consecuencias de la DANA, a través de la plataforma del ICO.
«Desde el momento en el que se produzca la adhesión, las entidades financieras tienen ya capacidad para dar la financiación. Es más, podrían hacerlo ya hoy acogiéndose de manera retroactiva a los beneficios del aval», ha explicado Illueca en una rueda de prensa para informar de la reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA presidida por Pedro Sánchez en La Moncloa.
Se trata de un programa de avales por importe de 5.000 millones de euros para hacer frente a la destrucción provocada por la DANA en Valencia y otros territorios. En concreto, según ha explicado el presidente del ICO, este aval está dirigido a 32.000 empresas, a 535.000 personas y más de 150.000 hogares.
Para ello, el Consejo de Ministros ya ha aprobado el primer tramo por 1.000 millones de este esquema de avales, aunque Illueca ha asegurado que se hará un seguimiento semanal para saber cuándo se tienen que ir activando los tramos, «de manera que nunca haya un problema de liquidez».
Según ha defendido el presidente del ICO, con esta línea no se trata de sustituir las ayudas directas, que «son absolutamente fundamentales», sino se trata de anticiparlas. «Se trata de entender que sin liquidez no hay reconstrucción. Que a liquidez tiene que llegar cuanto antes», ha recalcado.
El porcentaje del aval asciende al 80% del principal y tiene un coste cero para las entidades financieras, lo que a su vez repercutirá en un menor coste para el cliente.
Según ha especificado Illueca, existe una primera modalidad de anticipo de ayudas a consumidores finales a los que no se les va a pedir ninguna garantía adicional más allá de las que el Estado va a aportar en este esquema de avales.
«Un aval gratuito, un aval que va a permitir que las entidades financieras ofrezcan las mejores condiciones a los clientes», ha destacado el presidente del ICO, tras recordar que este esquema de avales permite financiación hasta noviembre del año 2025.
Las personas que acudan a las entidades financieras tendrán que presentar una declaración responsable en la que indiquen que residen en la zona o que tenían un contrato de trabajo allí y que puedan evaluar los daños que han tenido, presentando la solicitud de indemnización al consorcio o presentando la solicitud de cualquier ayuda planteada por la Administración General del Estado y también por las comunidades autónomas.
A partir de ahí, se abre un periodo de carencia de pago de interés y de capital hasta que el consorcio o hasta que la entidad concedente de las ayudas las haga efectivas. En ese momento, la entidad financiera procederá a liquidar los intereses correspondientes, pero hasta entonces no habrá necesidad por parte de las personas «de aportar un euro», puesto que este es un esquema donde no hay comisión de apertura, ni hay comisión de reembolso.
Podría suceder que el consorcio acabe haciendo una evaluación de daños que sea inferior a lo que la familia hubiera estimado inicialmente o es posible que al final las ayudas que se aspiraba a obtener no acaben obteniéndose. «En ese caso, lo que haríamos sería prestamizar hasta el final de la vía del préstamo, por cuotas constantes, los importes adeudados y siempre a los tipos de interés pactados inicialmente», ha explicado Illueca.
Se trata, por tanto, de préstamos a cinco años donde «no se paga un euro hasta que la ayuda efectivamente es percibida» y hasta que el consorcio abona la indemnización. Si hubiera que devolver algún importe adicional, «se prestamizaría el préstamo hasta el final de la vida del préstamo, que tiene una duración de cinco años».
Con las empresas se plantea una segunda modalidad. Según Illueca, la empresa puede ir a obtener financiación por las ayudas que vaya solicitando y a partir de ahí esperar a que estén efectivos los pagos, momento en el cual se liquidan los intereses.
«Es verdad que cuando hablamos de empresas entra un nuevo actor en juego que es el esquema de ayudas de la Unión Europea. Ahí el ICO Ha optado por esquemas flexibles, por acogernos al reglamento de exención por categorías», ha explicado el presidente del ICO.
De igual forma, Illueca ha señalado que puede haber situaciones donde la indemnización no sea suficiente para recuperar la capacidad productiva previa a la crisis. Puede haber situaciones en las que las empresas afectadas no tuvieran un seguro en su momento y que, por tanto, no van a poder acceder a las indemnizaciones del consorcio.
Por eso, se hace necesario tener una tercera modalidad de avales para la recuperación de la capacidad productiva, que permita que las compañías vuelvan a tener un nivel de actividad como el que tenían para competir en el mercado, idéntico al que tenían antes de la DANA.
Para ello, se ha habilitado un esquema de financiación de inversiones de hasta siete años para las compañías con carácter general y hasta diez años para el sector de la agricultura. También se financiará circulante, hasta cinco años, y se hará siguiendo los esquemas de ayudas de Estado que sean flexibles. Estos préstamos pueden llegar hasta 12,5 millones de euros de financiación.
El coste del aval también será a coste cero, si bien en este caso, no se podrá financiar novaciones y reestructuraciones de préstamos previos. Estos préstamos van a incluir una carencia de 12 meses, que podrá ampliarse 12 meses más, atendiendo a la naturaleza de la inversión.
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