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El REF, a análisis
Hacienda da el visto bueno a usar la RIC para costear los gastos de nuevos trabajadoresLa Agencia Tributaria estatal, la AEAT, ha dado el visto bueno a la posibilidad de materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en el pago de los costes laborales -salarios y cotizaciones a la Seguridad Social- de nuevos trabajadores. Este uso de la RIC fue aprobado en 2007 y durante años apenas se utilizó por la inseguridad jurídica que generaba el articulado de la ley. Hace tres años y después de que se introdujera alguna mejora comenzó a aplicarse, aunque de forma tímida, y es ahora cuando se están produciendo las primeras inspecciones con resultado positivo.
El economista y abogado, además de experto en la RIC, Salvador Miranda, resalta el impacto que a a tener en la economía canaria el criterio adoptado por Hacienda, «ya que abre una oportunidad muy importante» a la generación de empleo directo en Canarias. «Apenas lo habíamos utilizado porque no había quien entendiera cómo hacerlo bien. Ahora nos dan el visto bueno a cómo se pensaba que era y se abre un melón», señala Miranda.
La materialización de la RIC con este uso se permite durante un período de dos años y además el puesto de trabajo debe mantenerse al menos durante cinco años. El tope máximo que se puede materializar de la RIC es de 36.000 euros por empleado y año. «Si se contrata a un directivo y le vas a pagar 100.000 euros, se acepta como materialización 36.000 euros. Si se contrata a un peón y se le pagan 12.000 de salario y 17.000 con la Seguridad Social se puedem materializar esos 17.000 euros», explica.
Tal y como ha sucedido con este uso, Miranda aboga para que desde la AEAT «se haga un esfuerzo» y haya mayor comprensión a la hora de inspeccionar este incentivo fiscal que tiene como principal obstáculo la «gran inseguridad jurídica» que lo rodea. También considera que los tribunales deberían ser más comprensivos: «Cuando llegan temas de la RIC a los tribunales los magistrados tienen un mantra y es que como es un beneficio muy potente hay que cumplir estrictamenet todos los requisitos y lo que dice la ley. Y me parece bien, pero ¿quién intrepreta lo que dice la ley si está mal redactada o hay ausencia de normas al respecto. ¿Quién lo hace? ¿El empresario o el asesor fiscal? Y si se interpreta, lo lógico sería que coindiera con la AEAT y los jueces. Aquí hay un diferimiento de oportunidades muy grande porque no es lo mismo tomar una decisión hoy en el momento cero o que te juzgue un magistrado dentro de cuatro años», explica Miranda.
A su juicio, es el problema de inseguridad jurídica que sufre la RIC desde hace más de 20 años lo que provoca que cada vez haya menos empresarios que doten la RIC. Si en el año 2000 las dotaciones alcanzaban los 1.800 millones en el último año del que se tienen datos (2021) se quedó en los 821 millones. Pese al recorte, Miranda destaca que en 2021 hubo un incremento de casi un 75% respecto al año anterior, el de la pandemia. «Hemos pasado dos grandes crisis y cuando las empresas vuelvan a recapitalizarse dotan de nuevo, con lo que el instrumento sigue siendo importante y tiene proyección futura. Eso sí, hay que hacer ajustes», indica Miranda en referencia a la inseguridad jurídica.
Las regularizaciones que se hacen de la RIC (dinero que se devuelve al Estado de forma voluntaria o por sanciones aplicadas) es también síntoma de la necesidad de esos ajustes «porque algo falla». En 2021 alcanzaron los 334,5 millones de euros En 2019 fueron 138,3 millones). Estas regularizaciones vienen, según señala, porque no se ha materializado el dinero dotado o la Inspección cree que no se han cumplido los requisitos. También hay casos cuando las empresas no puede llevar a cabo el proyecto y genera pérdidas.
Miranda apunta a otros dos usos de la RIC que están teniendo problemas por parte de la inspección de la AEAT. Uno de ellos se refiere a los vehículos de inversión colectiva a cargo de la RIC, una fórmula que está cogiendo fuerza y que se está topando con diferencias de criterios de la inspección, que «no ve algunos aspectos con claridad», como ocurre con la financiación. Otro es la materialización en proyectos de energía eólica. Desde el Estado se han dado subvenciones y ahora se entiende que los proyectos no pueden ser objeto de otras ayudas al entender como tales la RIC y la DIC. «Interpretan que es una ayuda a la inversión. Estas cuestiones son las que hay que revisar y tratar de solucionar para que haya una seguridad que no se ha logrado en todos estos años», indica Miranda.
El experto en la RIC y del REF de Canarias, Salvador Miranda, asegura que la Reserva para Inversiones sigue siendo un instrumento «válido y atractivo» para Canarias. «Se sigue utilizando y tiene proyección de futuro. Debemos estar orgullosos de tenerlo y hay que hacer todo lo posible por conservarlo», asegura Miranda, que reconoce que, aunque haya ajustes y deficiencias que solventar (como la inseguridad jurídica, ver información superior), no se debe menospreciar.
Como indica, hay otras comunidades autónomas que han creado figuras similares al comprobar el potencial de la RIC. Entre ellas se encuentran el Pais Vasco y Navarra, que desde el año 2013 implantaron un instrumento muy parecido «aunque más duro de entender y con unos requisitos más graves que el canario» porque, entre otras cosas, no permite deducir todo y hay que invertir el doble. «La RIC es muy privilegiada», asegura.
Miranda, también se refiere a las Islas Baleares, que en el año 2022 «hicieron un corta y pega» y crearon una reserva, si bien en su caso permite ayudas a la inversión pero no al funcionamiento ,como tiene la RIC. «Nos interesa conservarla», señala.
Miranda apunta que la RIC se revisa cada tres años para analizar los ajustes necesarios. La última vez fue en 2018. Después llegó la covid, el volcán... y esa revisión se ha retrasado. «Han pasado cinco años y es necesario que el legislador haga el esfuerzo», manifiesta.
Miranda no es la única voz que se ha manifestado en los últimos días a favor de la RIC, cuya utilidad ha sido cuestionada por algunos empresarios. El vicepresidente de la CCE, José Cristóbal García, asegura que los 800 millones de euros de dotación en 2021 evidencian que sigue siendo un instrumento potente. «Cualquier región desearía tener un instrumento que impulse la inversión con recursos propios y permite la capitalización de las empresas. No se puede criminalizar», manifiesta.
Respecto a la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC), alcanzó en 2021 los 136 millones de euros. Este incentivo se aplica una vez hecha la inversión en el Impuesto Sociedades del ejercicio siguiente. Miranda asegura que aunque está aumentando el número de empresas que se acogen a la DIC es mayor el potencial de la RIC. «La DIC siempre ha sido complementaria. Tiene un límite del 50% de la cuota, que la RIC no tiene por ejemplo», apunta. La deducción es la misma, del 25%.
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