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El Gobierno de Canarias inició ayer el proceso para contar en ocho meses con una ley que ordene el fenómeno del alquiler vacacional en el archipiélago y establezca límites a su crecimiento, que se ha disparado en los últimos dos años. Canarias sigue así la estela de otras comunidades autónomas y países que están fijando controles a esta actividad.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2021 y 2023 los pisos turísticos que están dados de alta en el archipiélago han crecido un 23%, con casi 9.000 nuevas viviendas. Si hace dos años había en las islas 37.855 unidades con un total de 162.233 plazas este año se contabilizan 46.486 viviendas vacacionales con 193.000 plazas. El fuerte crecimiento de esta actividad es la razón que impulsa al Gobierno a crear una nueva ley que sustituya al reglamento en vigor actualmente y que, según apunta el Ejecutivo, «no establece límites cuantitativos y cualitativos» a la actividad.
Sin embargo, desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), su vicepresidente, Javier Valentín, indica que no hace falta más regulación en Canarias aunque sí es necesario que cada ayuntamiento dicte la normativa urbanística correspondiente para ordenar la actividad en cada municipio. Como apunta, el alquiler vacacional tiene un peso desigual según el lugar y así lo avala el INE: en La Oliva (Fuerteventura) las viviendas vacacionales supone casi un 31% del parque total mientras que en Yaiza (Lanzarote) supone un 18%; un 15% en Adeje; un 12% en San Bartolomé de Tirajana y un 8% en La Frontera (El Hierro). «Cada municipio tiene sus singularidades y debe decidir cómo lo regula», señala Valentín, que indica que así lo ha dicho también el Supremo, que deja la encomienda de ordenar a los ayuntamientos
En este punto, Valentín rechaza las acusaciones «interesadas» de algunos sectores que apuntan a las viviendas vacacionales como los culpables de la falta de vivienda en alquiler. «Algún efecto tiene pero no somos los responsables. Los pisos turísticos suponen menos del 4% del parque de parque de viviendas que hay en el archipiélago. Frente a este dato, en las islas hay un 20% de viviendas vacías. Se trata de más de 211.000 pisos que, de salir al mercado, resolverían el actual déficit del archipiélago, donde se estima que hay una demanda de 40.000 casas. «El problema de la falta de viviendas no es el alquiler vacacional sino la vivienda vacía y ahí es donde tiene que intervenir el Gobierno, logrando que esos pisos salgan al mercado», manifiesta Valentín.
El director del Instituto Tides, de Turismo y Desarrollo Sostenible de la ULPGC, Sergio Moreno, considera que ordenar y regular la actividad está bien pero critica que se vaya a hacer una ley en este sentido sin que previamente se haya realizado un análisis en detalle del impacto de esta modalidad turística. Según indica, salvo el dato de viviendas y su peso en el total de la oferta turística (un 33%) no se ha analizado el impacto real que tiene en el bienestar de los canarios, en el precio el alquiler, en la actividad económica de los municipios o en el empleo. «Regular sin tener los análisis responde a los intereses de los 'lobbies'», asegura Sergio Moreno.
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