El Gobierno estudia rebajar el tope de 150 euros exentos de IGIC en las compras online

Encaje de bolillos. Eso es lo que pretende hacer el Gobierno de Canarias con la modificación de la exención del IGIC a las compras de hasta 150 euros.

El Gobierno puso en marcha esta medida en 2016 para simplificar los trámites y facilitar el comercio electrónico (algo que logró. Desde entonces y hasta ahora ha crecido un 300%, en casi 2.600 millones anuales). No hay que olvidar que todo producto comprado fuera es una importación y requiere de un trámite tributario. Sin esa exención se puede dar el caso de que se compre por un precio de diez euros, con un IGIC del 3%, y tener que hacer el trámite para pagar 0,3 céntimos del impuesto. Si la obligación tributaria se impusiera para todos los importes con independencia del precio de compra sería la muerte del comercio electrónico.

Por otro lado, esa exención juega en contra de las tiendas físicas de Canarias que sí tienen que cobrar el IGIC en cualquier venta aunque sea inferior a los 150 euros. Esta situación deriva en que hay persona que optan por comprar online para ahorrarse ese IGIC -aunque sean unos pocos euros-, por lo que los empresarios llevan años reclamando que se suprima la exención a las compras por internet de hasta 150 euros, al entender que rompe con la equidad fiscal y perjudica al comercio local frente a las plataformas de comercio electrónico.

Para resolver esta difícil ecuación y contentar a los dos actores -consumidores y comerciantes canarios- el Gobierno de Canarias está estudiando rebajar ese tope de 150 euros o incluso eliminarlo, al tiempo que está barajando la posibilidad de establecer lo que se denomina «la tributación en origen», de forma que sean las propias plataformas de venta las que se encarguen de realizar el cobro del IGIC cuando se realiza la operación y después liquiden con la Agencia Tributaria Canaria. Con estas dos acciones se contenta a los comerciantes de las islas y al mismo tiempo se mantiene la fluidez del comercio electrónico, liberando a los compradores de la realización de los trámites tributarios.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, y el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, mantuvieron un encuentro este lunes con los representantes del sector comercial de la CCE, con la participación de su presidente y vicepresidente, Pedro Ortega y José Cristóbal García, respectivamente, para analizar el problema y las posibles soluciones.

En el encuentro, Asián y Domínguez compartieron la preocupación de los empresarios y anunciaron la creación de una mesa de trabajo, con técnicos de ambos departamentos y el sector empresarial, para estudiar las posibles soluciones, entre las que se encuentra la tributación en origen.

Los empresarios salieron del encuentro, que se prolongó algo más de una hora, con «optimismo» porque por primera vez se reconoce el problema y hay intención de buscar una solución que contente a todas las partes.

Los comerciantes abogan por hacer lo mismo que se hizo en el resto de Europa y en la península en el año 2021, cuando se puso fin a la franquicia del IVA por valor de 22 euros.

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