El Gobierno dejará morir el impuesto energético por «inviable» ante la falta de consenso para mantenerlo

La vicepresidenta es consciente de la compleja aritmética parlamentaria a la que se enfrenta el Gobierno. «Si no hay consenso parlamentario, simplemente es inviable», zanja rotunda. Ribera también considera que «si no se producen los beneficios extraordinarios» para los que estaba pensado el gravamen «a lo mejor ya no tiene tanto sentido» seguir aplicándolo.

Supondría un punto y final a un impuesto que ha generado todo tipo de fricciones entre Transición Ecológica y las empresas que lo han pagado (Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Acciona y EDP) y que han llegado a recurrirlo.

Tanto la propia Ribera como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habían abogado por ajustar esta figura para incluir deducciones a cambio de que las empresas realizaran inversiones sostenibles. No obstante, la vicepresidenta asume que el contexto económico ha cambiado con respecto al que había cuando Sánchez lo anunció en el verano de 2022 para que las energéticas «contribuyeran a la solidaridad».

La aritmética del Congreso obligaría al Gobierno a aunar en una norma las peticiones de su socio de coalición, Sumar, que apuesta por mantener esta figura de forma permanente, tal y como ha exigido en varias ocasiones la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De hecho, forma parte de los compromisos adquiridos en el pacto de inicio de legislatura firmado entre Díaz y Sánchez. En aquel texto, ambas partes acordaban «revisar» el gravamen «para readaptarlo y mantenerlo una vez que expire su periodo de aplicación actual» para que las energéticas «sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar». Pero en esa ecuación también hay que incluir otras piezas: las peticiones de grupos como el PNV o Junts, por un lado, así como los de Bildu o ERC, por otro.

Una de las fórmulas en las que se estaba trabajando por parte del Ministerio de Hacienda, el que tiene competencias en esta materia, pasaría por vincularlo a proyectos industriales que apoyen la transición energética. Es decir, que cuantos más compromisos adquieran las compañías, más beneficios (incluso créditos fiscales) se aplicarían en la estructura del gravamen, que podría quedar reducido al mínimo.

Hasta ahora ningún miembro del Ejecutivo se había mostrado tan tajante como lo ha sido Teresa Ribera sobre el futuro del gravamen, que se encuentra prorrogado en las mismas condiciones en las que se aprobó, al menos hasta el 31 de diciembre de 2024. En concreto, grava con un tipo del 1,2% los ingresos que perciben las compañías cuya facturación supere los 1.000 millones de euros. Durante su primer año en vigor, las corporaciones abonaron 1.500 millones.

Las quejas de todo el sector energético han sido constantes desde que Sánchez anunciara la puesta en marcha de este tributo, junto al de la banca –que también sigue en vigor–, por «discriminatorio e injustificado», según han señalado continuamente desde organizaciones como Aelec.

Aunque las demandas presentadas se encuentran en la Audiencia Nacional, el sector miraba de reojo a Portugal, donde se ha declarado inconstitucional una figura similar al impuesto español al no encontrarse bien estructurado legalmente y repercutir sobre una parte de las energéticas y no sobre todo el sector, como reclamaban en España.

Las dudas persisten aún en torno al gravamen bancario

El impuesto extraordinario que aún mantiene dudas sobre su viabilidad futura es el que se aplica a las entidades bancarias también desde que lo aprobara el Gobierno en 2022. En este caso, el camino que ha seguido es distinto al de las energéticas. Porque ni siquiera hasta ahora el Ejecutivo había planteado públicamente la posibilidad de modificarlo para adaptarlo al nuevo contexto en el que los tipos de interés comenzarán a bajar previsiblemente a partir del verano.

El gravamen a la banca también se puso en marcha como consecuencia precisamente de la escalada que protagonizaron los intereses desde el verano de 2022, y que le han llevado a situarse en la cota actual de 4,5%, lo que provocó importantes incrementos en las hipotecas de una parte de los clientes, las que estaban ligadas a tipos variables.

En diciembre de 2023, quien entonces era vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anticipaba que el Ejecutivo iba a revisar el impuesto extraordinario a la banca, a la vista de que las condiciones excepcionales que justifican su aplicación habían cambiado y era pues necesario reformular su contenido. Este mensaje provocó revuelo entre los propios bancos, que no lo esperaban –según las fuentes consultadas–, y también entre los socios de Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya le recordó que «lo pactado obliga».

Los bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, entre otros, abonan una tasa del 4,8% sobre sus ingresos) se han mostrado desde el inicio en contra de esta figura tributaria por «discriminatoria e injusta». Consideran que, a pesar de sus beneficios de 2022 y 2023 –llegaron a ganar más de 20.000 millones de euros–, su rentabilidad aún no ha alcanzado las cotas deseadas y que este tipo de tributos desincentivan la financiación.

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En su primer año de aplicación las compañías financieras llegaron a pagar más de 1.200 millones de euros, aunque en el segundo ejercicio esa cuantía se incrementó por la nueva subida de tipos de interés.