España solicita más plazo a Bruselas para cumplir los requisitos de los fondos europeos

Según adelantó ABC y ha podido confirmar este medio, la Comisión Europea ha accedido a la petición del Ministerio de Economía. Fuentes de la institución explican que fue el pasado 3 de marzo cuando el país realizó la solicitud de prórroga para la evaluación del quinto pago y del objetivo pendiente. «La Comisión ha concedido una prórroga hasta el 11 de abril», reiteran las fuentes consultadas, que recuerdan que el plazo fijado inicialmente para el proceso era el 21 de marzo.

Fue el pasado 20 de diciembre cuando el Gobierno remitió a Bruselas su solicitud. En aquel momento, desde Moncloa transmitían que la misma incluía el cumplimiento de 71 hitos y objetivos correspondientes a subvenciones y 13 de préstamos. «De estos, 55 forman parte de hitos y objetivos de futuros desembolsos, pero que se presentan en la solicitud actual al haber sido ya cumplidos», apuntaba entonces el Ministerio de Carlos Cuerpo. De esta manera, el número de hitos y objetivos de la solicitud pasaba de 32 a 84, casi el triple. «Es la primera vez que un Estado miembro adelanta un volumen semejante de compromisos futuros», indicaban.

Entre esos hitos, destacan las reformas en el ámbito fiscal. Pese a la solicitud de la prórroga confirmada por Bruselas a este medio, fuentes del Ministerio de Economía se muestran optimistas y, al menos públicamente, mantienen que siguen trabajando en plazo en la evaluación del plan. Pero la solicitud de la prórroga indica que al menos parte del desembolso -el correspondiente a los préstamos- se podría retrasar.

De momento, Bruselas aún espera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea capaz de aprobar medidas indispensables para el pago, como el polémico impuesto al diésel. Sin su aprobación, el dinero correspondiente a ese hito quedaría bloqueado. El Ministerio de Economía «Trabajamos para hacerlo lo antes posible», manifiestan. Pero las dificultades para el acuerdo se han hecho patentes en las últimas semanas, ante el hecho de que el nuevo impuesto a las energéticas -que finalmente decayó- era una línea roja para que los socios de coalición apoyasen la mencionada subida al diésel.

Según quedó definido en diciembre, el plan implica una subida de 9,36 céntimos por litro, que superaría los 11 euros si se aplica el IVA. Para el bolsillo del consumidor, podría implicar una abrupta subida de 5 euros para llenar el depósito de media. Para Hacienda, un incremento de la recaudación esperado de unos 1.400 millones de euros anuales.

Fuentes conocedoras ya apuntaban hace unas semanas a este diario que el Gobierno confía en su capacidad negociadora en Bruselas para que, en el caso de que el impuesto al diésel no se pudiera aprobar antes del límite del 21 de marzo, se consiguiese una prórroga que no afecte a la ejecución de los fondos europeos, ahora que han empezado a coger ritmo en la economía real.

Según un reciente informe de la consultora LLYC, a 31 de diciembre de 2024 España ya había comprometido casi la totalidad de las subvenciones con cargo al paquete Next Generation: un importe total de 77.455 millones de euros. Algo más lentos van los compromisos con los préstamos del plan, que a cierre del pasado año ascendían a 53.216 millones, el 64% de la dotación total (83.140 millones de euros).

Hay una cifra, no obstante, que enturbia el mayor ritmo de puesta en marcha de los fondos europeos: la de los 11.916 millones de euros que quedan como remanentes del total de subvenciones previstas en el plan. Es decir, dinero que no se ha repartido por falta de proyectos, ante unas trabas burocráticas –o el mismo desconocimiento– que siguen dificultando el acceso a los fondos de muchas empresas, especialmente de menor tamaño.