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Los esfuerzos del nuevo administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC), Héctor de Armas, por mantener a flote la sociedad y seguir adelante con la empresa que adquirió en junio de este año al empresario Miguel Ángel Ramírez parece que serán en vano. Así de desprende del informe provisional que ha realizado Juan Carlos Santos, el administrador concursal que lleva el expediente de Seguridad Integral, que presentó el concurso de acreedores en diciembre de 2017.
Tras realizar un análisis exhaustivo de las cuentas de Seguridad Integral, analizar sus balances y la situación de su activo y de su pasivo, el administrador concursal concluye que, pese a que «la empresa tiene la intención de continuar con su actividad», la situación de déficit que presenta la «aboca a su liquidación». Es en concreto en la página 73 de este sesudo informe de 76 páginas en las que el administrador cuantifica en 70,5 millones el agujero de esta empresa y que hacen imposible que pueda remontar.
30,1 millones es el déficit patrimonial de la sociedad y 40,2 millones de euros más son créditos concursales que tiene pendientes.
Según el administrador concursal, pese a contar con activos, incluidos inmuebles y unidades de negocio, estos «son claramente insuficientes para cubrir el importe del pasivo exigible» (los 70,5 millones). «La empresa tiene intención de continuar con su actividad, con unas dimensiones más conservadoras, adaptadas a las circunstancias actuales. Está convencida de que (...) será suficiente con un aplazamiento en los vencimientos de sus compromisos de pago. Piensa que no necesitará de una quita para remontar la situación actual. No obstante, después del análisis realizado (...) debe señalarse que las previsiones y planes de la sociedad carecen de una base sólida para dar por buenas las expectativas de la deudora», señala de forma rotunda el administrador concursal Juan Carlos Santos. Y así lo recalca en las conclusiones: «plantearse un valor de la compañía (por Seguridad Integral) en continuidad no parece una postura realista».
El administrador no da validez al acuerdo de cesión de los servicios y la cartera de clientes de Seguridad Integral a la empresa Sinergias por un precio de 37 millones de euros. Héctor de Armas se apoya en este dinero como garantía de continuidad ya que mejora de forma sustancial la contabilidad de Seguridad Integral. Sin embargo, el administrador apunta que aún no se ha percibido un solo euro, cuando desde febrero Sinergias debería haber estado abonando todos los meses a SIC 624.000 euros. Han pasado siete meses y no ha habido ningún ingreso.
El administrador no solo habla del futuro de Seguridad Integral sino que también analiza su pasado y determina que la insolvencia viene determinada por «la mala gestión de su vinculante y la pérdida de activos inmobiliarios que pudieron actuar como refugio».
Juan Carlos Sosa se queja de la falta de colaboración de los anteriores propietarios -por el equipo de Miguel Ángel Ramírez- para facilitar información y habla de «desgobierno administrativo». Algo que, según indica, ha cambiado con los nuevos gestores (por De Armas).
El informe elaborado por el administrador concursal ha sido remitido al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas y será objeto a partir de ahora de alegaciones por las partes, incluida la empresa. Héctor de Armas dejó claro este viernes que existen diferencias con el informe y agradeció el apoyo de trabajadores, clientes y proveedores «que confían y siguen confiando» en Seguridad Integral. Recordó que los trabajadores están cobrando y han recuperado la dignidad.
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