El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado este miércoles el recurso de varias empresas españolas contra la medida para reducir el precio ... de la electricidad puesta en marcha por España y Portugal en junio de 2022, conocida como la excepción ibérica. La alta corte con sede en Luxemburgo apunta que la medida, puesta en marcha durante la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania y que recibió el visto bueno por parte de la Comisión Europea, fue «apropiada y proporcionada» y que en ningún caso fue discriminatoria.
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En el marco de la escalada de precios de la energía, España y Portugal notificaron a Bruselas su intención de poner en marcha una medida para reducir el precio de la electricidad, subvencionando una parte de los costes de tecnologías a base de combustibles fósiles. Las empresas denunciantes (PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España) denunciaron ante la Justicia europea que la excepción ibérica era discriminatoria, ya que reduce los precios mayoristas de la electricidad, mientras que estas compañías obtenían su suministro a través de un proveedor de electricidad. Por ello aseguraron que la medida no era adecuada ni proporcionada y acusaron a la Comisión Europea de no haber entendido el funcionamiento del mecanismo de ayuda estatal.
En su sentencia de este miércoles, el Tribunal General desestima el recurso interpuesto por las empresas y asegura que las compañías denunciantes «no han conseguido demostrar que hubiera al respecto dificultades serias que justificaran la apertura del procedimiento de investigación formal». Los magistrados destacan que la excepción ibérica tenía como objetivo «obtener una bajada de los precios de la electricidad en el contexto de una fuerte presión al alza de los precios de los combustibles en ese marco es conforme con la finalidad de poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, que constituye uno de los motivos por los que algunas ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado interior según los Tratados».
Asegura, del mismo modo, que la Comisión pudo considerar sin equivocarse que el juego de la competencia no habría permitido alcanzar esos objetivos legítimos e indica que al limitar la intervención directa de las autoridades nacionales en la formación de los precios del mercado mayorista -y no hacerla extensiva al mercado minorista- la media «preserva» ese principio de libre fromación de los precios sobre la base de la oferta y la demanda.
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