La industria garantiza calidad pero pide competir en igualdad

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de junio 2024 | Actualizado 30/06/2024 10:46h.

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Empleo de calidad, un historial de contribución al desarrollo socioeconómico de Canarias, capacidad de competir en el exterior... todo eso y mucho más garantiza la industria en las islas, un sector que históricamente ha tenido que batallar con los condicionantes derivados de la lejanía y la insularidad.

Y esa batalla continúa. La Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), en su condición de representante del sector en la región, lleva meses haciendo hincapié en que no basta con el reconocimiento de las islas como región ultraperiférica en el Tratado de la Unión y con el Régimen Económico y Fiscal (REF) en el marco legislativo estatal. Hay condicionantes que deben corregirse y entre ellos sobresalen dos: la actualización de los costes tipo que subvencionan el transporte de mercancía entre las islas y la península y otros países de la Unión Europea, y, por otra parte, un modelo regulatorio en materia de transición ecológica que no sea una lastre respecto a las producciones de otros mercados.

Ambas cuestiones están en marcha pero a velocidades muy diferentes. Sobre todo hay una lentitud que el sector industrial no alcanza a entender en los costes tipo, donde se sigue a la espera de que el Gobierno central 'mueva ficha'. Tanto el actual presidente de ASINCA, Jorge Escuder, como su antecesor y presidente en la provincia de Las Palmas, Virgilio Correa han subrayado la importancia de corregir ese desfase en los costes.

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En febrero de este año, ASINCA se reunió con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodriguez, y la directora General de Transportes, María Fernández, y ya se pusieron entonces sobre la mesa esas y otras cuestiones.

En la reunión se analizó el impacto de la directiva de los derechos de emisión en el transporte de mercancías de los 'inputs' productivos y la citada necesidad de actualizar los costes tipos de las compensaciones al transporte de mercancías.

Se valoró también la necesidad de aprobar una ley de movilidad sostenible de Canarias para coordinar las normas a aplicar para regular las zonas de bajas emisiones.

En esa línea, la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, reclamó el pasado día 12 al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la actualización de los costes tipo con el objetivo de asegurar que las empresas canarias estén equiparadas al resto del territorio sin hacer frente a sobrecostes adicionales.

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María Fernández explicó que «tras la reunión mantenida con el Estado el pasado 22 de marzo, quedó pendiente considerar, en el cálculo de los costes tipo, únicamente a las navieras y compañías aéreas que operan de manera efectiva con los cargadores canarios, dado que actualmente se están considerando líneas que no ofrecen capacidad de carga suficiente para las industrias y empresas del sector primario, dando como resultado un cálculo de costes insuficiente».

En este sentido, la directora general recordó que el Ministerio se comprometió a emitir ese informe en un plazo máximo de dos meses. «Sin embargo, a fecha de hoy, dicho documento aún no ha sido remitido». «Exigimos que se remita, con la mayor celeridad posible, el informe acordado el pasado mes de marzo, y se continúe con la aprobación del proyecto de orden de metodología de los costes tipo, asegurando que estos reflejen la realidad mediante la utilización de datos precisos, de modo que las compensaciones sean adecuadas a los verdaderos costes asumidos en el transporte de mercancías en Canarias», apuntó Fernández.

La obligación de consignar en los Presupuestos Generales del Estado un sistema de financiación que compense el 100% del coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular, así como entre Canarias y la Península, o entre el archipiélago y otros países de la Unión Europea, está prevista en la Ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Además, el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante la Ley Orgánica 1/2018, establece la obligación de adaptar las políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias a las circunstancias de lejanía, insularidad y la condición ultraperiférica de las islas, incluyendo la financiación del transporte en el archipiélago.

Donde sí se están produciendo avances es en la modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias con vistas a atender, como reclamaron en su día el sector industrial y otras patronales, que se atendieran las singularidades del archipiélago y se garantizase un marco normativo que no supusiera una pérdida de competitividad respecto a producciones de otros mercados.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias llevó el pasado día 10 al Consejo de Gobierno los preceptos clave del decreto ley. Se trata de un texto cuyo objetivo es, en última instancia, acelerar la transición energética de las islas, favorecer su descarbonización, y adoptar nuevas medidas claves para la adaptación al cambio climático, enfocadas hacia un futuro más sostenible.

Dicho decreto ley, que deriva de la modificación de la actual Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, aprobada la pasada legislatura, según explicó el consejero Zapata, surge en primera instancia como consecuencia de una obligatoriedad planteada por la Comisión Bilateral Canarias-Estado que exigía la modificación de 11 de sus puntos para cumplir con la legalidad y con la Ley estatal a este mismo respecto.

Además, la actual situación de emergencia energética que padece Canarias, declarada el pasado 2 de octubre, así como los objetivos de descarbonización del archipiélago y la necesidad de cumplir con las exigencias marcadas por la Ley Nacional Integradora de Energía y Clima (PNIEC), cuyo objetivo es alcanzar de aquí a 2030 un 58% de penetración de renovables en el territorio español, (del que actualmente Canarias solo presenta un 20%), han sido otras de las cuestiones más relevantes para motivar esta revisión y cambio.

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No obstante, con esta modificación, según explicó el consejero de Transición Ecológica y Energía, no solamente se pretende cumplir con la legalidad, sino también «hacer un texto más trasversal, operativo y con una importante simplificación burocrática de su contenido».

Todo ello, con el objetivo de «dar garantías legales que agilicen la tramitación de proyectos de transición energética y adaptación al cambio climático, generando un escenario de confianza para pymes, inversores, empresas y administraciones». Pero además «implicando a la ciudadanía y siendo conscientes de la importancia del respeto por nuestro medio ambiente, con acciones más detalladas y realistas».

Entre las modificaciones principales de dicha ley se plantea dar agilidad a la implantación de renovables, garantizando la protección ambiental del territorio, con la creación de las Zonas de Aceleración de las energías renovables, en coordinación con los cabildos insulares. Además, se agiliza el aprovechamiento de suelos ya en uso, conocidos como antropizados, para implantar energías limpias, y también la diversificación del modelo económico, con la creación de un Plan Formativo Verde, para impulsar el empleo en sectores clave para la transición hacia un modelo productivo bajo en carbono.

Asimismo, para acelerar la mencionada transición energética, garantizando el suministro eléctrico, y basado siempre en el respeto por el medio ambiente, destaca la apuesta por las energías renovables a pequeña escala y el impulso de la participación local con accionariado en nuevos parques solares y fotovoltaicos en los proyectos de más de 2 MW de potencia (hasta un 20%).

Por otro lado, y en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, se crearán los Proyectos de Acción Climática. Una fórmula para actuar con agilidad sobre proyectos que mitiguen problemáticas como olas de calor, subida del nivel del mar o aumento de las temperaturas. Para llevarlos a cabo, se realizará una simplificación de los trámites burocráticos y se darán facilidades administrativas para agilizarlos, como apuesta innegociable y vital para lograr una adaptación real al cambio climático.

Vinculado también a esta adaptación y mitigación, y favoreciendo la gobernanza y comunicación entre organismos públicos, se crea la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, en coordinación y colaboración con las diferentes consejerías del Gobierno y la Oficina Canaria de Acción Climática, dentro de la propia Consejería de Transición, como órgano propulsor de dichas actuaciones.

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Asimismo, se propone la creación de la Empresa Pública Canaria de la Energía, como medio propio del Gobierno para la producción y comercialización de electricidad por medio de instalaciones de energía renovable propia, para entes íntegramente públicos de Canarias. Un ente necesario para lograr los objetivos de la norma, llevar a cabo los mencionados proyectos de mitigación y adaptación y solventar situaciones de pobreza energética.