El PEl Gobierno de Canarias hará cumplir por fin la Ley de Cadena Alimentaria en el archipiélago y empezará después de Semana Santa a realizar controles en los centros de distribución -supermercados y mercas, entre otros- para verificar que se está pagando a agricultores y ganadores un precio justo y por encima de los costes de producción.
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Así loindicó ayer la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, tras presentar el Plan de Actuaciones de Control de la Cadena Alimentaria. El Ejecutivo se va a centrar inicialmente en el control de 11 productos que son los que registran mayor diferencia de precio y los que registran mayor producción en las islas, como platanos y papas, aguacates y leche, entre otros.
El sector recibió con satisfacción el plan pero se muestra escéptico, ya que para empezar la previsión de la Consejería es contar con solo dos inspectores para realizar el trabajo. El secretario general de Asaga, Theo Hernando, solicita que los controles se hagan inicialmente de carácter informativo y no sancionador ya que aún quedan muchos flecos pendientes para la puesta en marcha de este plan de actuación, ya que ni siquiera se ha creado el órgano que lleve a cabo el control. En principio, esta tarea la realizará la Viceconsejería de Agricultura. Entre lo que se controlará estará que no se compren productos por debajo del coste de producción y que los pagos se realicen en un máximo de 30 días. En 2022 se realizaron en Canarias cinco inspecciones, tres de aguacate y dos en leche.
El presidente de COAG, Rafael Hernández, valoró que con este plan «estamos mejor que el año pasado» pero sigue siendo «insuficiente para cumplir con la ley de cadena y nosotros, los agricultores y ganaderos necesitamos una ley a pleno rendimiento».
Hernández explicó que en la reunión mantenida con Vanoostende y su equipo les confirmó que iban a poner a dos personas a cargo de las inspecciones. «No pedimos 120 personas como hay en Madrid pero está claro que dos son muy pocas», indicó.
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El representante de COAG, recalcó la importancia de ejecutar la ley «de arriba a abajo y no de abajo hacia arriba», es decir, de la comercialización de los productos, hasta el origen de ellos. «Hay que empezar por la parte de distribución. Si el 80% de lo que consumimos los canarios es en los supermercados, habrá que revisar primero las infracciones que ellos cometan», finalizó.
Vanoostende destacó que con este proyecto se busca mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con el objetivo de aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario reduciendo el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, derivando en una competencia justa que beneficie no solo al sector, sino también a la ciudadanía.
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Entre las medidas, destaca que, no se podrá adquirir un producto por debajo del precio de producción, considerándose una infracción que puede ser sancionada hasta con 6.000 euros.
La Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, confirmó este martes que «espera» que tras Semana Santa se pueda empezar con las inspecciones previstas para garantizar el control de los precios en la Ley de Cadena Alimentaria.
Durante la presentación del Plan, la consejera explicó que se trata de un plan «ambicioso» en el que figuran programas de vigilancia general de productos hortofrutícolas, del precio de la leche, de comprobación de indicios y denuncias. Este programa de vigilancia seguirá de cerca los productos con mayor diferencia de precio entre destino y origen, extraídos del Observatorio de Precios de Canarias.
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Vanoostende aseguró que en Canarias se ha avanzado mucho en la ley de cadena alimentaria en cuestiones tan «importantes» como los cálculos de coste de producción en el observatorio de precios, y los cuadros de mando de exportaciones e importaciones, datos que, añadió, son públicos en la web de la Consejería de Agricultura. Todos esos datos permiten tomar decisiones empresariales, ya que se pueden saber los precios en origen y en destino, así como las cantidades que se importan y exportan en Canarias.
El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), Rafael Hernández, valoró que con este plan «estamos mejor que el año pasado» pero sigue siendo «insuficiente para cumplir con la ley de cadena y nosotros, los agricultores y ganaderos necesitamos una ley a pleno rendimiento».
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Hernández explicó que en la reunión mantenida con Vanoostende y su equipo les confirmó que iban a poner a dos personas a cargo de las inspecciones. «No pedimos 120 personas como hay en Madrid pero está claro que dos son muy pocas», indicó.
El representante de COAG, recalcó la importancia de ejecutar la ley «de arriba a abajo y no de abajo hacia arriba», es decir, de la comercialización de los productos, hasta el origen de ellos. «Hay que empezar por la parte de distribución. Si el 80% de lo que consumimos los canarios es en los supermercados, habrá que revisar primero las infracciones que ellos cometan», finalizó.
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