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Lucía Palacios / Madrid
Viernes, 3 de abril 2020, 17:51
El Gobierno, al menos por el momento, desoye la petición realizada por la patronal de las grandes empresas, CEOE, y no se plantea alargar el limite temporal de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor más allá de lo que dure el estado de alarma, que el Ejecutivo se plantea extender al menos hasta el próximo 26 de abril. Pero sí reconoce que habrá compañías que no puedan volver a la actividad un día después y tendrán que «renegociar» ese ERTE.
Esto es lo que se extrae de las palabras que ayer pronunció la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, precisamente en un momento en el que CCOO calcula que unas 340.000 empresas ya se han acogido a estos los expedientes que afectan a 2,5 millones de trabajadores e incluso estiman que se podría llegar a los tres millones de afectados. Pero, por el momento, el SEPE solo ha dado el visto bueno a 250.000 ERTE y ha concedido el subsidio extraodinario a 620.000 trabajadores, es decir, apenas una cuarta parte de los afectados.
«Si hay empresas que tienen dificultades en sectores muy localizados, pueden renegociar el ERTE», aseguró la ministra en declaraciones a la cadena SER, prometiendo además para ello que contarían con el «apoyo completo» y «flexibilidad» del Gobierno. ¿Qué significa esto? Los ERTE por fuerza mayor derivados del coronavirus tienen varias particularidades, que se establecieron en un Real Decreto. Una de ellas finalizarán en el momento en que termine el estado de alarma. Es decir, que la empresa que se haya acogido a esta figura jurídica al día siguiente del fin del confinamiento tendrá que readmitir a todos sus trabajadores. Otra condición que les impuso el Gobierno es que tendrán que mantener el empleo durante al menos seis meses. Dicho de otra forma: que se les prohíbe despedir pese a que la actividad se verá resentida cuando pase esta cuarentena.
Pero lo que sí pueden hacer porque así lo permite la legislación actual es renegociar el ERTE de manera individual y ajeno al COVID-19, por lo que esos ERTE que hasta ahora eran por fuerza mayor pasarían a tramitarse como ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Esto, según explicó la ministra, ya es algo habitual. Y puso como ejemplo al sector de la automoción, donde a veces se presenta un ERTE por una determinada duración y luego se necesita un poco más o un poco menos de tiempo. «Por tanto, es un mecanismo muy flexible y adecuado para esta situación y quiero dar tranquilidad y certeza a los trabajadores pero principalmente a las empresas. Máxima flexibilidad y sentido común», prometió.
Lo que sucedería es que entonces la empresa tendrá que pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores a los que haya suspendido el empleo, mientras que en los de fuerza mayor es el Estado quien lo abona durante esta crisis excepcional, además de costear sus prestaciones por desempleo incluso para los que no hayan cotizado lo suficiente. Así, aquellas personas que no tengan derecho a este subsidio, dejarán de cobrar esta ayuda si el ERTE se reconfigura, salvo que se tomen medidas al respecto.
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