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Los empresarios e industriales canarios aplaudieron ayer la decisión del Gobierno regional (PP-CC) de introducir modificaciones sustanciales a la ley de cambio climático aprobada en la anterior legislatura y siendo consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena. Según apuntan, la norma que ahora «se corrige» era «inaplicable» y abundaba en mayor burocracia en los trámites.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas, Pedro Ortega, está a la espera de conocer más en detalle los cambios que se van a aplicar pero, reconoce, que «de entrada» las modificaciones suenan bien. «Desde la patronal avalamos cualquier cambio que suponga trabajar para avanzar en la lucha contra el cambio climático y que implique una simplificación de los trámites», manifestó ayer. La CCE mantendrá un encuentro el próximo lunes con el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, dirigido a profundizar en los cambios que planea el Gobierno sobre la norma regional. «La valoración por ahora es positiva porque el objetivo del cambio es agilizar y reducir la carga administrativa pero hay que esperar al detalle», manifiesta Ortega.
En el mismo sentido se expresó ayer el presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, quien consideró «un acierto y una acción de justicia» la modificación que pretende hacer el Gobierno de Canarias y que, entre otras cosas, pretende acelerar la penetración de las renovables en el archipiélago y que hoy suponen solo el 19% de la generación. Asimismo pretende involucrar a los ciudadanos en la descarbonización.
El exconsejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y padre de la ley de cambio climático, que ahora va tumbar el nuevo Ejecutivo regional, José Antonio Valbuena, expresó ayer en declaraciones a la Cope su «tristeza y desasosiego» por las intenciones del nuevo consejero Mariano Hernández Zapata. Según dijo, se trata de la ley más participada del Gobierno de Canarias y «da desasosiego» que se vaya a modificar con un decreto ley, que en sus palabras da poco margen a la participación pública. «Hay una modificación que ya habíamos cerrado nosotros con el Estado en una comisión bilateral respecto a las dudas interpretativas que despiertan esos 11 artículos y este Gobierno ha tenido un año para hacerlo y no lo ha hecho», manifestó. Según dijo, la norma tiene todo un capítulo sobre formación verde y recoge ya la creación de una empresa pública que, según denunció, ahora vende Zapata como logros suyos. «A mi me da miedo que a hurtadillas y con afán especulativo se modifique nuestra norma», dijo.
«La anterior ley (por la de Valbuena) no había tenido el suficiente debate por el impacto que iba a tener. Nadie está en contra de llevar a Canarias hacia un crecimiento sostenible, en el que la generación de riqueza sea compatible con la sostenibilidad, pero también es cierto que la norma se hizo de espalda a los empresarios y a los cabildos y ayuntamientos, indicó Alfonso.
En su opinión, la modificación anunciada por el Gobierno de Canarias permitirá «volver a discutir y profundizar» en el compromiso de desarrollo sostenible y equilibrarlo con la creación de empleo y la generación de riqueza en el archipiélago.
El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, Carlos Medina, por su parte, también respaldó ayer las modificaciones que va a realizar el Gobierno regional en la ley de cambio climático aunque también se mostró cauto a la espera de conocer más en detalle los cambios. «La idea es buena. La norma de Valbuena no se podía aplicar. Si fuera por mi la derogaría en su totalidad», indica. Entre otras cosas, Medina destaca en positivo que los cambios se dirigen a atajar la «carburocracia» (término por el que se refiere a que la burocracia actual contamina al retrasar la puesta en marcha de proyectos renovables dirigidos a reducir las emisiones contaminantes) y a agilizar los trámites. Como ejemplo, apunta a que se va a trabajar para que las ordenanzas municipales no puedan impedir la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta de los edificios. «Sobre el papel tiene buena pinta lo que quieren hacer pero habrá que esperar a ver cómo se materializa», manifiesta Medina.
En su opinión, todo lo que se encamine a dar confianza en el sector y fomentar las inversiones es positivo. «Falta ver el desarrollo pero a priori que haya modificaciones sobre una ley inaplicable es una buena noticia», concluye.
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