El director del Puerto se enfrenta a una querella penal por prevaricación

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Caanria

Miércoles, 15 de febrero 2023, 01:00

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El director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Francisco Trujillo, se enfrenta a una querella penal interpuesta la pasada semana por un supuesto delito de prevaricación tras beneficiar a la empresa Boluda Maritime Terminals en el concurso para una terminal de contenedores en Arrecife (Lanzarote) y de la que resultó adjudicatario en diciembre de 2021.

El querellante es su competidor en Arrecife, la Terminal Marítima de Arrecife (TMA), que detalla en la querella toda una cronología de hechos que ponen en evidencia «actuaciones administrativas absolutamente irregulares» y a su juicio, «delictivas, preparadas y orquestadas» por Trujillo con el único fin de beneficiar a Boluda en el concurso.

Según recoge la querella, las irregularidades se dan desde el inicio del concurso. La parcela en cuestión -de 4.500 metros cuadrados- estaba ocupada desde el año 2004 por la empresa Paukner. Esta entidad llevaba 15 años en autorización administrativa. Aunque esto es irregular, ya que según la Ley de Puertos, tras tres años en esta situación se debe tramitar una concesión administrativa, la Autoridad Portuaria había permitido esta situación. Nadie había hecho absolutamente nada hasta que antes de convocarse el concurso Trujillo pide a Paukner que regularice su situación.

La empresa lo hace y solicita la concesión pero en la fase de exposición pública aparece Boluda, que presenta un proyecto para optar al suelo.

El que aparezca otro operador fuerza a la Autoridad Portuaria, tal y como marca la norma, a sacar la parcela a concurso. Paukner intenta frenarlo y solicita una serie de medidas al considerar que ha adquirido ciertos «derechos» sobre la parcela tras 15 años en ella y sin un 'pero' de la Autoridad Portuaria. Finalmente sus medidas no prosperan.

Ya en proceso de concurso las bases de los pliegos establecen una serie de condicionantes «que dejan fuera a cualquier operador», al exigir por ejemplo un volumen mínimo de movimientos o la obligatoriedad de probar la pertenencia a un grupo empresarial. Solo Boluda lo cumple. Paukner, no, lo que finalmente le lleva no optar a la concesión.

Finalmente se presentan Boluda y la empresa Terporlan, que queda excluida al no poder acreditar pertenencia a grupo empresarial. Boluda queda finalmente como única licitadora.

El que hubiera solo una única oferta y fuera justamente la de Boluda se debe, según la querella, a que ésta contaba con «información privilegiada», ya que los pliegos apuntaban a una serie de problemas de la terminal que desalentaban a cualquiera. Todos estos 'peros' fueron subsanados por el Puerto una vez se falló el concurso a favor de Boluda.

Así, en los pliegos se indicaba que el muelle en cuestión, debido a su ubicación, «estaba altamente expuesto a las inclemencias meteorológicas» además de tener una «resistencia estructural» limitada y verse acotadas algunas maniobras de determinados buques por su reducido calado. Además, la parcela, de 4.500 metros cuadrados es considerada reducida para poder realizar la operativa prevista.

«En unas condiciones como las descritas es técnica y económicamente inviable desarrollar una terminal de carga y descarga en cualquier puerto», se apunta en la querella, donde se indica que cualquier empresa descartaría entrar en un concurso así.

Sin embargo, Boluda lo hace porque, según la querella, maneja «información privilegiada». Y es que después de quedarse Boluda con la concesión, la Autoridad Portuaria de Las Palmas impulsó el dragado del muelle y «expulsó» a los inquilinos de las parcelas colindantes cuando estaba próximas la caducidad de las concesiones para aumentar en 5.413 metros cuadrados la parcela de Boluda.

Una empresa de Lanzarote trató de hacerse con una de ellas mediante una ocupación temporal y Trujillo se la rechazó argumentando «que ya estaba solicitada». Al final, la parcela de Boluda pasa tras el concurso de 5.000 metros cuadrados a 10.000 y sin problemas ni de climatología ni de calado. «Evidentemente, el resto de posibles licitadores, de tener conocimiento de que se iba a efectuar esta obra, probablemente hubiesen comparecido al concurso, pero nada de eso se hizo costar en los pliegos iniciales o definitivos», se apunta en la querella.

En ella se indica que la ampliación de la terminal «puede constituir un fraude de ley». Así lo establece un informe de la Abogacía del Estado en los casos en los que se dan nuevas concesiones que superan de forma significativa la concesión inicial de un concurso. «No albergamos ningún tipo de duda de que se ha orquestado un ardid malicioso que tiene como responsable a Francisco Trujillo» para beneficiar a Boluda, se apunta en la querella.

TMA cifra en 11,9 millones el perjuicio económico

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La entidad Terminal Marítima de Arrecife (TMA) ha cifrado en 11,9 millones de euros el perjuicio económico que le ha causado la concesión «irregular» de la otra terminal a Boluda. «Los hechos expuestos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa», se indica en la querella, en donde además de solicitarle al juzgado la petición de declaración como testitos de ocho personas, entre ellas, el director de Boluda en Canarias, Javier Climent, se pide que se libre oficio a Puertos de Las Palmas a fin de que una a las diligencias que se incoen la totalidad del expediente administrativo del citado concurso.