El Defensor del Pueblo pide a la Seguridad Social que aclare el retraso en el pago de la incapacidad absoluta

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 24 de enero 2023, 07:35 | Actualizado 09:43h.

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El Defensor del Pueblo está analizando en detalle qué esta ocurriendo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas (INSS) para que más de 1.000 personas que tienen reconocida por los juzgados de lo Social su incapacidad permanente no estén cobrando la prestación que les corresponde. Como publicó CANARIAS7 hace un mes, el INSS está tardando más de un año o, incluso llega a dos, en ejecutar las sentencias judiciales por incapacidad total, absoluta o de gran invalidez, lo que está generando situaciones muy complicadas a estas personas que no tienen ningún ingresos y además no se pueden beneficiar de los derechos que les corresponden como el copago farmacéutico.

La representante por Comisiones Obreras en la Seguridad Social en Canarias, Hortensia Rodríguez, y de UGT, Gustavo Martín, llevaron hace unos meses al Defensor del Pueblo este problema que afecta en la mayoría de los casos a personas que están enfermas y que tiene estar peleando para tener reconocido su derecho. En algunos casos se pueden apoyar económicamente en familiares para poder seguir viviendo pero, como apuntan Martín y Rodríguez, hay muchos «que no tienen esa suerte» y se las ven y se las desean para sobrevivir a la espera de que el INSS ejecute la sentencia.

El Defensor del Pueblo emitió ayer una primera respuesta a Hortensia Rodríguez tras analizar los informes remitidos por el INSS de Las Palmas y la conclusión inicial es que la información remitida es insuficiente. «El INSS continúa sin aclarar si existe un problema general con respecto a la ejecución de las sentencias de reconocimiento de la incapacidad permanente, sobre el motivo de las dilaciones así como si está en estudio la posibilidad de incrementar medidas con la finalidad de agilizar los trámites y parar los efectos perjudiciales para los interesados», apunta el Defensor del Pueblo en una misiva firmada por la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

En vista de estas circunstancias, el Defensor del Pueblo apunta que va a «ampliar sus actuaciones» al fin de que el INSS «despeje sus dudas» y aclare la media de plazo estimado para ejecutar las sentencias.

Según indica el Defensor del Pueblo en la carta remitida a Hortensia Rodríguez, en la explicación dada hasta ahora por el INSS se culpa del elevado número de personas que están en Las Palmas a la espera de que la Seguridad Social ejecute la sentencia a la «alta litigiosidad» en esta provincia sobre este asunto.

Según señala el INSS, Las Palmas es la séptima provincia de España en casos iniciados por incapacidad permanente. Con una población de 1,1 millones de habitante se iniciaron en 2021 casi 2.000 proceso mientras que en Cádiz, Murcia, Alicante, Vizcaya o Baleares, con menor número de población se iniciaron muchos menos (723 en el caso de Baleares). Asimismo, el INSS apunta que en Las Palmas se produce una «desproporción» entre las sentencias favorables al ciudadano (y contrarias a la Seguridad Social) y las desfavorables. Así, en 2021 los jueces dictaron 1.140 a favor de los ciudadanos y solo 257 en su contra, lo que arroja un porcentaje de 81% frente a 17%. Según señala el INSS, la siguiente provincia en esta clasificación es Alicante, con un porcentaje de sentencias a favor del ciudadano 30 puntos inferior.

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Las dos circunstancias anteriores derivan en una mayor carga de trabajo que, ante la escasez de personal, da lugar a las demoras. Desde el INSS se apunta que la «línea de actuación» pasa por destinar efectivos del personal interino a esta función para acortar los plazos de ejecución de las sentencias, además de implementar nuevas herramientas informáticas. Las explicaciones, sin embargo, no han sido suficientes para el Defensor del Pueblo.