Los organizadores del 20A convocarán, ante la falta de respuesta política, nuevas movilizaciones

La respuesta que dieron los ciudadanos canarios el pasado sábado en la calle a la llamada de casi 20 organizaciones y colectivos sociales y ecologistas para reclamar un cambio en el modelo turístico de masas y poner freno a más camas turísticas -incluidos los pisos turísticos- anima a los organizadores a seguir adelante con las movilizaciones, máxime cuando tras el 20A no ha habido «acción» por parte de los representantes políticos de las instituciones canarias.

Las reclamaciones del pasado sábado han llegado al pleno del Parlamento e incluso ha habido reunión entre uno de los colectivos convocantes con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pero el resultado es exiguo: No se va a implantar una ecotasa en las islas (aunque se ha abierto la puerta a una tasa en los espacios protegidos), no hay intención de aprobar una nueva moratoria que impida una sola cama más en las islas y tampoco se establecerán medidas para limitar la compra de vivienda por los extranjeros (que hoy se hacen con el 30% de las pocas más de 3.000 que se construyen en Canarias). Estas tres fueron las tres principales reivindicaciones de las manifestaciones y han caído en saco roto.

«Tras el éxito de la manifestación y viendo que han pasado los días y no hay pronunciamento del Gobierno de Canarias de aceptar lo que se pide seguiremos reivindicando hasta que sean realidad», indica Felipe Ravina, productor de documentales marinos (entre ellos, Salvar Tenerife) y encargado de leer el manifiesto en la manifestación del pasado sábado en Tenerife. Desde el Gobierno de Canarias se argumenta que existe desde 2017 una ley en vigor (Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias) que limita el número de camas. Sin embargo, como explica Ravina, esa moratoria no vale en cuanto que se siguen construyendo hoteles, al menos en Tenerife. En esta isla hay dos proyectos en litigio (La Tejita y Cuna del Alma), además de otros que se proyectan por el litoral. «No puede seguir aumentando la capacidad de las islas y se sigan permitiendo más plazas», señala.

Ravina, que indica que el movimiento pidiendo el cambio de modelo comenzó hace tres años, ha sido ahora cuando ha cogido fuerza porque los efectos negativos del crecimiento tan fuerte de Canarias comienza a afectar al bienestar de los isleños. «Afecta al que se pasa dos horas de atasco en la autopista de Tenerife, al que llega un extranjero y echa a tu abuelo de su casa de toda la vida para comprarla y ponerla en alquiler vacacional y a los que se tienen que ir a medianías a vivir porque ya no se pueden pagar un alquiler donde quieren», señala.

El movimiento, como explica, surgió hace años por el daño medioambiental que sufría Canarias ante anta presión turística pero entonces, solo unos pocos se volcaban. Ahora, todos los isleños de una manera u otra sufren las consecuencias y han visto la necesidad de tomar medidas, explica.

Los convocantes del 20A se refierieron ayer también a través de un comunicado anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, presentado hace unas semanas por el Gobierno de Canarias y con el que se pretende limitar las viviends vacacionales.

Según crítica establece límites del 10% y del 20% para las islas verdes cuando la media actual en muchas zonas es del 4%. «Si la situación actual es crítica, ¿en qué situación quedamos si crecemos hasta el 10% o el 20%?», se preguntan los promotores de las movilizaciones.

Desde las organizaciones sindicales, Sindicalistas de Base, que tiene un 60% de representación en el sector turístico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, considera que más allá de una tasa turística, hay medidas que se pueden tomar para aliviar la situación de los trabajadores canarios. Entre ellos, considera fundamental mejorar el transporte para que los empleados de los hoteles puedan llegar a trabajar sin perder el tiempo en la carretera, financiado por los propios hoteles. Además, considera que los ayuntamientos pueden ceder suelo para la construcción de viviendas a los trabajadores. «Hay que mejorar las condiciones de trabajo que son malas e impiden que haya trabajadores. Nadie quiere trabajar en el sector», indica su secretario general, Manuel Fitas.

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