Consumo abre expediente a Airbnb por incluir «miles» de anuncios ilegales en su plataforma

La Dirección General de Consumo envió un requerimiento de información en junio a esta plataforma para obtener más datos sobre las viviendas anunciadas en este ámbito por tener sospecha de que estaban vulnerando el artículo 47 de la ley de defensa de los consumidores. El ministro Pablo Bustinduy asegura que «ninguna empresa, por grande o poderosa, debe estar por encima de la ley. Tampoco en el mercado de la vivienda».

En caso de detectar infracción grave, las multas impuestas ascenderán hasta 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por no dar solución al problema. El incoamiento del expediente abre ahora un periodo para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de Consumo. La apertura de este expediente «no prejuzga el resultado final del mismo», explican desde el ministerio.

Airbnb respondió al expediente asegurando estar «profundamente en desacuerdo» con esta decisión y indicó que la apelará. Fuentes de la plataforma indicaron a este periódico que Consumo «ha eludido los procesos legales y ha usado una metodología indiscriminada». Además, el ministerio «ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de licencia».

La semana pasada, Bustinduy anunció una investigación contra las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. Esta investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas haciéndose pasar por particulares. También mantiene abierta otra investigación contra diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligarles a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o incluir cláusulas abusivas para las personas consumidoras.

«Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares», ha señalado el ministro.

El problema es importante, ya que en muchas ciudades la oferta de pisos de alquileres de larga estancia se ha reducido por las plataformas de viviendas turísticas, lo que ha incrementado los precios. Y más grave es cuando el Gobierno calcula que más del 90% de los pisos anunciados en estas plataformas no cumplen con la normativa.

Por tanto, si los alojamientos son ilegales, «su publicidad también lo sería», por lo que los anuncios en este tipo de plataformas son ilícitos y «competencia del ministerio perseguirlos, inspeccionarlos y, en su caso, sancionarlos».

Algunas de las ciudades más tensionadas por el problema de la vivienda como Madrid y Barcelona han comenzado a imponer medidas para identificar anuncios ilegales aunque con un impacto reducido por el momento. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció hace unos meses la creación de una plataforma estatal donde se recojan los datos de todos los alojamientos turísticos, pero no estará lista hasta la próxima primavera.