Los canarios esperan más de 500 días para cobrar una pensión no contributiva

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 31 de agosto 2022, 02:00

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Un total de 7.671 canarios esperan para que el Gobierno de Canarias les reconozca una pensión no contributiva, bien de invalidez o de jubilación. Muchos de ellos llevan más de 500 días «en cola» esperando a que se resuelva una prestación cuya tramitación media es de 90 días (mes y medio frente a año y medio) pero que en las islas se demora 'sine die' por una gestión ineficiente. Canarias es hoy la comunidad autónoma de España con mayor número de expedientes pendientes. Le sigue Cataluña, con 7.268, según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de finales de julio.

Aunque las pensiones no contributivas las abona el Estado su gestión y reconocimiento le corresponde a las comunidades autónomas. En el caso de Canarias la competencia la tiene la Consejería de Derechos Sociales, Igual, Diversidad y Juventud, que dirige Noemí Santana. Y es precisamente aquí donde desde el año 2019 se ha producido un colapso que tiene en espera a casi 8.000 canarios: 4.006 esperan por la de jubilación y 3.665 la de invalidez. Las solicitudes pendientes suponen un 20% más de los 42.086 personas que cobran actualmente la prestación no contributiva en el archipiélago y a las que se destina 22,6 millones, con una media por persona de 545,5 euros, según el Ministerio.

A la prestación no contributiva por jubilación pueden acceder aquellas personas mayores de 65 que hayan residido en España al menos en los últimos diez años y no hayan cotizado lo (130 al mes) suficiente a la Seguridad Social para percibir una contributiva, con lo que en un 70% de los casos se trata de mujeres que piden esta ayuda porque es su única fuente de ingresos.

En los últimos años se ha producido un aumento de los solicitantes de la mano de emigrantes retornados a Canarias y que están tramitando su cobro.

La gravedad de la situación ha obligado a intervenir al Diputado del Común. En concreto, ha sido la adjunta de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, quien ha abierto una investigación de oficio para tratar de buscar soluciones a un problema «de déficit de gestión» que afecta sobre todo a las mujeres mayores, que por diversas circunstancias como el cuidado de mayores, niños o dependientes, no han cotizado lo suficiente a lo largo de su vida y por tanto, no tienen derecho a una prestación contributiva.

Barrera se reunió recientemente con el director de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Francisco Javier Bermúdez, que, le reconoció el problema y el colapso que existe en Canarias en la gestión de los expedientes. Bermúdez, según apunta Barrera, le señaló que su departamento había puesto en marcha un plan de choque con un aumento de la plantilla en 16 personas y la digitalización del sistema para agilizar la tramitación de las solicitudes.

El director de Derechos Sociales confía en que a finales del próximo año, en 2023, se hayan resuelto la mayoría de los expedientes atascados aunque el objetivo se anticipa complicado porque no cesa la entrada de solicitudes.

Entre enero y julio se han resuelto 3.716 expedientes (2.164 de jubilación y 1.552 de invalidez) pero es que han entrado en el sistema 2.771 nuevas solicitudes, con lo que el saldo al final sobre los expedientes acumulados es de -1.000 y quedan casi 8.000 por resolver, según los datos del Ministerio.

La adjunta del Diputado del Común, Beatriz Barrera, indicó ayer que «estará vigilante» para que se cumpla y se tramiten lo antes posible los expedientes.

«Este plan de choque tiene que seguir aumentando para reducir con la mayor rapidez posible la lista de espera», indica Barrera, que considera que este tipo de prestaciones deberían tener una resolución «casi inmediata» tras registrarse la petición. «Estamos hablando de colectivos vulnerables. Yo no concibo una prestación básica sin un sistema de gestión eficaz a su lado», apunta.

Barrera y el director de Derechos Sociales volverán a reunirse en unos meses para analizar los datos y verificar que la situación mejora «Lo más importante es que la Dirección General de Derechos Sociales es consciente de estos hechos y ya está tomando medidas para mejorar y reducir la lista de espera a través de este plan de choque», indica Barrera.

El perfil del solicitante: mujer, casada y entre 70 y 79 años

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El perfil de la persona que solicita la pensión no contributiva de jubilación es el de una mujer española, casada, con una edad comprendida entre los 70 y los 79 años y que convive en una unidad familiar formada por dos o tres miembros. En cuanto, al perfil de quien solicita la pensión por invalidez, se trata de un nacional español, que convive en una unidad económica integrada por dos o tres personas y que acredita un grado de discapacidad valorado entre el 65% y el 74%. Las discapacidades son preferentemente de tipo psíquico seguidas muy de cerca de las de tipología física. En Canarias hay actualmente 42.086 beneficiarios de prestaciones no contributivas: 24.154 son de jubilación (el 70% mujeres) y 17.932 de invalidez (54% mujeres), según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.