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La aerolínea irlandesa Ryanair consumó finalmente sus planes y ayer cerró sus bases en Canarias. Los nueve aviones que dormían en el archipiélago y que permitían operar un total de 36 vuelos diarios a unas 40 rutas salieron de las islas a otros aeropuertos dejando un vacío aéreo cuantificado en casi 7.000 plazas diarias y más de 204.000 al mes.
Las rutas directas que enlazaban Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote (que contaban con base de Ryanair) con destinos como Vitoria, Milán, Cracovia y Oslo, entre otros, se han perdido.
Con la marcha de Ryanair no solo se ve afectada la conectividad de las islas y que mejorará tras la apuesta de Jet2 por las islas. Casi 300 trabajadores se han quedado en un «limbo laboral». Ryanair les notificó los despidos a las cinco de la tarde por burofax pero ayer aún seguían con alta en la Seguridad Social, lo que les impide tramitar su situación de desempleo en el plazo legal de 15 días naturales.
Los trabajadores están despedidos desde ayer, cuando tuvieron que hacer entrega en las bases de las credenciales, el uniforme, y el terminal de ventas pero no pueden darse de alta como demandante de empleo para empezar a cobrar la prestación porque Ryanair aún no les ha dado de baja en la Seguridad Social.
«Estamos en un limbo. Sin trabajo y sin poder cobrar el paro. Al caos se suma la incertidumbre de cómo se va a resolver esta situación», indicó ayer Jairo Gonzalo, secretario de Organización de la sección sindical de USO en Ryanair y uno de los tripulantes de cabina despedido.
Según señaló, Ryanair ingresó ayer a los trabajadores la indemnización por despido pero no el finiquito, que prevé ingresarlo en la nómina de final de mes. «La falta de información y el caos a los que Ryanair nos tiene acostumbrados vuelve a producirse», indica Gonzalo, que critica el desconcierto en el que se encuentran muchos compañeros que son extranjeros y no saben cómo funciona la legislación española en material laboral.
Ryanair cumplió su amenaza con Canarias pero no lo hizo con Girona. La base catalana también iba a cerrarse a partir del 8 de enero, sin embargo, los cambios introducidos «a peor» en las condiciones laborales de los 164 trabajadores (solo renunciaron 12) y la mediación de la Generalitat permitió salvarla del cierre.
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