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La Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias encabezada por María Fernández reclamó al Estado que abone la deuda que mantiene con las aerolíneas por las subvenciones de residente y que no se ponga en riesgo la conectividad del archipiélago, principal preocupación del Ejecutivo regional.
«La conectividad aérea es importantísima y que se retiren determinadas compañías aéreas del corredor Canarias-Península puede ser muy peligroso», lamentó Fernández en relación a la denuncia de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) que reclama que el Estado les adeuda 800 millones de euros por el descuento del 75%.
La directora general de Transportes opinó que es una «equivocación» cuestionar el descuento del 75% por ser residente cada vez que surge algún tipo de problemática, en vez de «poner el foco en la gestión de ese derecho».
A su vez, mencionó que no solo se trata de un problema que afecta a las aerolíneas sino también a las navieras y a las agencias de viaje, por lo que compete a pequeñas y medianas empresas a las que se les dificulta mucho la labor si no reciben en tiempo estas ayudas.
Fernández expresó que esto no es ningún movimiento para desestabilizar al Gobierno estatal, tal y como citó el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres ya que Canarias es consciente de esta circunstancia desde el pasado diciembre y en ningún momento «ha dado la voz de alarma». Ello hizo que el Gobierno regional tuviera que activar por primera vez en su historia un procedimiento especial para poder abonarle a una de las navieras el 25% de descuento sin haber cobrado previamente el 50% del Estado. «Canarias solo se ha pronunciado una vez se ha puesto en tela de juicio la conectividad de Canarias», apuntó la directora general de Transportes.
María Fernández anunció que el Ministerio de Transportes ampliará la partida presupuestaria destinada a la gratuidad de las guaguas hasta los 120 millones de euros. Un aumento que lleva consigo también un cambio en la fórmula de pago, eligiendo el Ministerio un gasto plurianual que reduce la partida a entregar en 2025 y llevando a 2026 el resto del dinero, un método que Fernández considera, genera «tensión» en la prestación de un servicio que es «absolutamente básico» para el sector. Este incremento sigue sin alcanzar los 141 millones de euros en los que cifra Canarias el coste de esta iniciativa, por lo que Fernández discutirá con los cabildos si es necesario «seguir peleando» por alcanzar los 141 millones de euros.
Sobre la posibilidad de que se establezca un título único de transporte para todas las islas, Fernández señaló que se trata de un proceso complejo porque si bien el Gobierno ya trabaja en ello «algunas empresas son públicas, otras son concesiones privadas y hay que hacer determinadas inversiones en tecnología para equiparar la tecnología de todos».
El factor fundamental, a la vez que el más «difícil» para Fernández es la cámara de compensación ya que no tiene el mismo coste usar una guagua en La Gomera que en Las Palmas de Gran Canaria. «Habrá que hacer una cámara de compensación administrativa para aquellos viajes que se hagan en otra isla por el bono de una isla distinta», afirmó.
Sobre la tarifa única del taxi explicó que el objetivo es homogeneizar los precios en las diferentes islas, facilitando a los ciudadanos entender «mejor y de una manera más clara» cómo funcionan las tarifas a través de todo el archipiélago y poder calcular de forma previa lo que va a costar cada recorrido.
Para poder materializar este acuerdo, Fernández expuso que se está estudiando las modificaciones normativas y reglamentarias que hacen falta, además de los posibles estudios económicos para comprobar su viabilidad.
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