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Tras anunciar que se sumarán a las movilizaciones promovidas desde la península, el campo canario quiere reivindicar la doble moral que existe en Europa acerca de las normativas «cada vez más restrictivas» que se le están imponiendo a los países europeos especialmente en materia de sostenibilidad y medioambiente, las cuales limitan la competitividad de los productores canarios con respecto a los países terceros a los que no se les exige ninguna de estas normativas. El secretario general de Asaga, Theo Hernando, señaló que a estos países no se les prohíbe la utilización de determinados fitosanitarios, ni se les exige ningún aspecto laboral ni social, ni cumplir con un nivel determinado de contaminación ni de bienestar animal.
El principal problema que se deriva de esta situación, según Hernando es que estas producciones que vienen de estos países fuera de la UE sí entran al mercado agroalimentario español y por lo tanto son los productos con los que se alimenta la población. «Si estamos exigiendo todas estas normativas para una seguridad alimentaria de los europeos, lo que no tiene sentido es que a otros países no. Lo único que pedimos es jugar con las mismas reglas».
Del mismo modo, señaló que son conscientes que no van a poder hacer frente a la competitividad de esos salarios por lo que consideró «injusto» que estos países latinoamericanos y africanos «que invaden el mercado» no cumplan con su parte en la lucha por la sostenibilidad cumpliendo con programas promovidos por la UE como son el pacto verde y la 'granja a la mesa'.
Hernando destacó que los principales competidores de Canarias son aquellos países que producen plátano o banana, como puede ser el caso de República Dominicana, Costa Rica, Perú o Ecuador. Países cuyos aranceles por tonelada son de 75 euros. Algo que Hernando calificó como «ridículo», sobre todo teniendo en cuenta que hace 15 años llegaban a los 200 euros por tonelada.
Esto se debe, según el secretario general de Asaga, a la presión que ejercen los 'lobbies' norteamericanos, que son los dueños de esas producciones que acuden directamente a negociar y a meter presión a Bruselas que le permite «invadir el mercado peninsular que es nuestro principal mercado para la exportación del plátano canario».
Sobre el acuerdo de la UE con Mercosur, Hernando denunció que no es posible que con el nivel de restricciones que hay sobre la ganadería, luego se cierre un acuerdo con una organización que «comercializa carne con harinas cárnicas, harinas de productos transgénicos, con hormonas, antibióticos que están prohibidas en Europa. Es un absurdo, tienes una sensación de que te toman el pelo. Cada vez se habla más de la sostenibilidad y hay más exigencias, más burocracia pero luego ves como abren la frontera para estos países».
Hernando continuó resaltando que Europa «está acabando con el sector agrario europeo» y que se suponía que la finalidad de estas normativas era «proteger la seguridad alimentaria de todos los europeos y lo que están haciendo es mermar las producciones agrícolas a favor de importaciones de países que incumplen totalmente estas normativas. Es algo muy serio, al final, esos son los productos que nos estamos llevando a la boca».
En la misma línea, Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadores de Canarias (Coag) subrayó que sin cuestionar en ningún momento los requisitos ambientales, lo justo es que haya una igualdad de condiciones entre los países europeos y los no comunitarios.
A todo esto hay que sumarle, según Hernández el agravante de la previsible entrada en vigor de la línea marítima entre Fuerteventura y Tarfaya, una amenaza que pone en evidencia que «una vez más, es el sector agrario el que paga la factura de otro tipo de acuerdos comerciales».
La Comisión Europea ha aceptado el mantenimiento de las ayudas POSEI hasta el 31 de diciembre de 2005 a los agricultores afectados por el volcán de La Palma. El consejero de Agricultura Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, señaló que «es una excelente noticia para los productores palmeros» y que tal y como le trasladaron a las autoridades europeas, la hoja de ruta presentada «permite acortar plazos y va encaminada a recuperar la máxima superficie de cultivo de posible y que el mayor número de agricultores retomen la actividad».
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