El 'caso Villarejo' se cuela en el proceso de opa de BBVA sobre Sabadell

Fuentes financieras consultadas indican a que el hecho de que ni Carlos Torres, presidente del banco y consejero delegado en parte de la etapa de los hechos que se investigan, ni su número dos, Onur Genç, aparezcan en la lista de imputados, es «positivo». Pero el juez sí ha decidido llevar a juicio al actual responsable de Auditoría Interna del banco, Joaquín Gortari.

El ruido generado podría engordar el ya existente por el firme rechazo que la opa ha generado por el Gobierno, sindicatos -que temen por el impacto en el empleo y el cierre de sucursales- y buena parte del tejido empresarial, así como entre las autoridades de Cataluña y Valencia, donde ambas entidades tienen fuerte presencia.

Es cierto que en los años que han pasado desde que se iniciase el proceso judicial por el 'caso Villarejo', el banco no se ha visto especialmente perjudicado ni en su cotización en Bolsa ni en la evolución de su negocio por este motivo. Y siempre ha defendido, como ahora, «que los hechos investigados no derivan en responsabilidad penal para la entidad», apostando por colaborar con la Justicia.

Pero fuentes financieras apuntan a que el riesgo reputacional es algo que podría pesar entre los accionistas e inversores, especialmente en aquellos fondos que cuentan con estrictos requisitos en términos de gobernanza a la hora de realizar sus inversiones. En este sentido, desde la entidad se muestran tranquilos. Durante un encuentro financiero organizado por la APIE en al UIMP en Santander, el director de sostenibilidad de BBVA, Javier Rodríguez Soler, indicó que «BBVA es un referente en ESG (siglas de ambiental, social y gobierno corporativo). En la práctica de gobernanza, nos sentimos unos privilegiados en estos aspectos», indicó.

A principios de junio, cuando la Fiscalía solicitó la apertura del juicio oral por cohecho y revelación de secretos contra BBVA y algunos ex altos cargos, fuentes cercanas a las negociaciones indicaban que el calendario ya hacía prever el «solapamiento» con este proceso judicial.

Cabe recordar que BBVA espera que, si todo sigue el guión previsto, la operación pueda cerrarse en un plazo de hasta ocho meses, aunque los expertos alargan los plazos hasta un año, por el riesgo de que las autorizaciones previstas, especialmente de Competencia -que podría imponer condiciones a la opa- se retrasen frente a lo estimado inicialmente.

En todo caso, las mismas fuentes consideraban que este riesgo judicial «no tiene por qué frenar la operación», aunque sí reconocen cierta «distracción» en el proceso para hacerse con Banco Sabadell, sobre todo si la cúpula directiva de la entidad catalana decide emplear este argumento para defender ante sus accionistas el rechazo a la operación, aludiendo al posible riesgo reputacional.

BBVA afronta su próxima cita clave el próximo 5 de julio, cuando ha convocado a los accionistas para votar la ampliación de capital con la que hacer frente a la oferta del canje de una acción nueva por cada 4,83 del Sabadell.