Escrivá, ante un gesto inicial en el Banco de España que le despoje de su lastre político

La experiencia avala a Escrivá en este tipo de trabajos. Es de esperar que repita los mismos movimientos que realizó cuando llegó a la Autoridad Fiscal (AIReF), en 2014, de la mano del entonces ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. El ahora gobernador se convirtió en una china en el zapato del Ejecutivo popular por sus múltiples informes fiscalizadores y análisis profundos sobre las medidas y los ajustes que en su momento había que realizar, distintos a las políticas que llevaba a cabo La Moncloa.

Por eso se considera necesario hacer una especie de guiño para constatar su independencia del poder político, aunque haya llegado directamente de la mesa del Consejo de Ministros al despacho del Banco de España. Posiblemente una de las primeras pruebas de fuego que asuma Escrivá, además de la correspondiente comparecencia ante el Congreso por su nuevo cargo, sea el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. El supervisor analizará las previsiones de las cuentas públicas con todo lo que ello conlleva en cuanto a estimaciones macroeconómicas y ejecución de políticas públicas en un entorno de menor inflación y tipos a la baja.

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El propio ministro de Economía ya se ha encargado esta semana de recordar los límites de la acción del gobernador: «El Banco de España no es un ente fiscalizador del Gobierno y tampoco un contrapoder». De hecho, el mandato de Escrivá vendría caracterizado, por sus conocimientos y experiencia, en centrarse en las funciones básicas que tiene encomendadas el Banco de España, como la evolución de la política monetaria, la explicación de por qué suben o bajan los tipos de interés en cada etapa económica, o la necesidad de atajar siempre la inflación para que los precios no se disparen. Será una labor, por tanto, más pedagógica la que pondría en marcha a lo largo de los próximos años.

En este mandato, el supervisor seguirá publicando sus análisis, como así tiene encomendado por la normativa en vigor, pero intentará desvincular esos textos del concepto de «opinión del Banco de España», que tantas fricciones ha provocado en los últimos mandatos entre el gobernador de turno y el Gobierno en activo.

Precisamente una de las mayores controversias entre el gobernador entrante del Banco de España, José Luis Escrivá, y el saliente, Pablo Hernández de Cos, llevó al ya exministro de Seguridad Social a tildar de «falta de sofistificación» el informe elaborado por el supervisor a cuenta de la reforma de las pensiones que el titular de Seguridad Social impulsó en la anterior legislatura. Los desencuentros del ministerio con el supervisor financiero han sido constantes por las diferencias a la hora de resolver el problema de la sostenibilidad del sistema. Ahora, con su nombramiento, tendrá que ser el propio Escrivá quien se encargue de dirigir los análisis, la evacuación e incluso las recomendaciones que el Banco de España realiza sobre una norma que él mismo impulsó en muchos términos contra la opinión del supervisor.

Precisamente en la mitad de su estancia al frente del supervisor se completará la primera reforma de las pensiones, la de 2011, que fijará la edad de jubilación ordinaria a los 67 años. ¿Qué opinará después el ya exministro de Seguridad Social? En una entrevista concedida a este diario en marzo de 2023, su postura era clara: «En España no será necesario retrasar la edad de jubilación». Su posición era entonces firme, cuando estaba en el Gobierno.

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La otra patata caliente será la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. En este caso es el BCE el que emitirá su veredicto, aunque el Gobierno del que él ha formado parte hasta la semana pasada se ha mostrado en contra de la fusión por los efectos en la concentración bancaria que pueda afectar sobre todo a los clientes de las entidades.