La banca comienza a desplegar los avales del ICO para vivienda joven

Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), anunciados por el presidente Pedro Sánchez en mayo de 2023, pero aprobados formalmente por el Ejecutivo en febrero de 2024, consisten en una línea de 2.500 millones de euros para la compra de la primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a su cargo. Una medida que «sirve para ofrecer una solución a un problema complejo que necesita de instrumentos concretos para abordarlo, ya que no tiene una única solución», según Moncloa.

La mayor parte de las entidades financieras que se han adherido al programa (62 en la actualidad) siguen desarrollando los sistemas tecnológicos para poner en marcha esta ayuda. «Es un paso complejo porque a la hora de valorar la petición de un crédito hipotecario entra un agente nuevo, el ICO, al que hay que informar sobre la posibilidad de que ese potencial cliente necesite su aval», explican fuentes del sector bancario. «Para aprobar este tipo de operaciones, que ya de por sí son complejas, necesitaremos el aval público e incluirlo en la ecuación de esta operación siempre va a llevar más tiempo para la entidad», apuntan en el sector.

Será previsiblemente en las próximas semanas cuando la mayor parte de las entidades active sus sistemas, aunque casi todos los bancos advierten de que la medida no supone una aprobación directa de la hipoteca:los jóvenes tendrán que superar los filtros de riesgo de cada entidad y, por tanto, serán evaluados según su solvencia para obtener el crédito independientemente de que cumplan los requisitos para obtener el aval del ICO.

Síguenos en el canal de Whatsapp de Gastronomía de CANARIAS7

Sin embargo, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha advertido esta semana que las ayudas económicas puestas en marcha por el Gobierno y por algunas comunidades destinadas principalmente a los jóvenes encarecen aún más el precio de la vivienda. Señala que estos incentivos a la demanda que no discriminan a la población, es decir, que van dirigidos a todo tipo de colectivos independientemente de su renta y patrimonio, tienen «una eficacia muy reducida en relación con el coste para el erario público» y, a su vez, tienden a «agravar las desigualdades».