Entrevista a María de la Salud Gil. Presidenta de la Asociación de la Construcción y Promoción de Las Palmas (AECP)

«El Gobierno de Canarias se mueve pero falta dinero y sin él no hay solución»

Si hay algo que caracteriza a María de la Salud Gil es su capacidad para llamar a las cosas por su nombre y decir lo que piensa, pese a quien pese. Con datos en la mano para apoyar y defender sus argumentos, considera que aún queda camino para dar una respuesta habitacional a los canarios que demandan una vivienda por la incapacidad de lo público, los prejuicios y la falta de presupuesto. ¿Se ha avanzado en el último año? Sí, pero no lo suficiente, asegura.

-En el año 2020 la vivienda era una preocupación para el 0,6% de los españoles; en 2024 lo es para el 30%. ¿Qué ha ocurrido en estos cuatro años?

-Nos tenemos que ir más atrás en el tiempo. Esto no es una cuestión de hace cuatro años. En este país hace más de 20 años que no se hace una política de vivienda coherente ni con sentido común. En los últimos años se han dejado de construir un 90% de viviendas. En 2007 se construían 30.000 al año y ahora son 2.900. Me pregunta por las razones para el aumento de esta preocupación. Hay muchísimas, unas tienen que ver la crisis de 2007 cuando hubo un momento muy duro para la economía y el sector, que quedó aniquilado. Con posterioridad han venido planes de vivienda que se han llenado de contenido pero se han vaciado de presupuesto y además, tienen un 'handicap' brutal que es la burocracia, la incapacidad de la administración para gestionar los fondos públicos. Es increíble que habiendo dinero no se gaste por una cuestión que tiene que ver con la gestión.

- Pero ahora tampoco podríamos volver a construir 30.000 viviendas como entonces, aquello fue una burbuja.

-Sí, pero más de 2.900 hay que construir para dar respuesta a las familias canarias. Nos encontramos también que durante la covid hubo un incremento de los costes de producción en un 40% y un año antes la materia prima subió un 26%. Somos cada vez menos competitivos y no podemos construir las viviendas que el mercado puede pagar. La demanda cada vez es menos solvente y no tiene que ver con los salarios sino con problemas estructurales. En los años 80 y 90 había planes de vivienda con una estrategia clara. Entonces los jóvenes podían comprar una casa, había hipotecas negociadas por el Estado con la banca, había intereses subsidiados y ayuda a la entrada para comprarla. Esto ayudaba a atemperar los precios. También había incentivos para los promotores para poner suelo, que es la materia más cara y que supone l 40% del coste. Aquí es donde incido. Para solucionar la emergencia habitacional es necesario que se ponga a disposición todo el suelo público, que hay muchísimo. Las administraciones municipales han sido incapaces de gestionarlo. Nosotros nos comprometemos a apostar fuerte si se pone ese suelo en el mercado con las condiciones presupuestarias suficientes.

-¿De cuánto suelo estamos hablando? Porque ese dato no está cuantificado, o eso dice el Gobierno de Canarias.

-Sí está cuantificado. Todos los planeamientos tienen cuantificado su suelo, tanto el calificado como VPO y es privado como el público que no ha sido puesto a disposición de la ciudadanía. Antiguamente los ayuntamientos subastaban ese suelo, especulaban con él en lugar de construir las viviendas protegidas. Si a esto se une la burocracia, la subida de costes y demás, aquí están los problemas. Hay una bolsa de suelo público que la administración no ha sido capaz de sacar adelante en los últimos treinta años.

-Aparte de la VPO hay muchas personas con sueldos medios que no pueden comprar una casa.

- Efectivamente, la gran masa de demanda insatisfecha y que no puede acceder una vivienda son las rentas medias, que parece que no tienen derecho a nada. Hablamos de un policía, de un trabajador de hostelería, de un sanitario... Nosotros planteamos el derecho de superficie, que existe en el plan de vivienda, y que supone sacar el suelo a concurso y que toda la inversión la realice el promotor. La administración no pone nada. El esfuerzo presupuestario se reduce.

- ¿Que falla entonces?

-Que haya presupuesto asignado. No hay una apuesta clara por esta figura y sin dinero las cosas no pueden salir. El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el de Mogán, el de Santa Lucía, el de San Bartolomé de Tirajana y el de Agüimes, nos han contactado porque tienen interés en movilizar su suelo para vivienda asequible en alquiler y con opción a compra. Ahí hay una posibilidad de hacer miles de viviendas. Pero insisto, falta dinero y superar prejuicios.

- ¿Está fallando el Gobierno de Canarias?

-No sería justa si dijera esto. Se está modificando el decreto ley de medidas urgentes de vivienda y se están tomando medidas para mejorarlo. Hay un esfuerzo importante por parte del Gobierno de Canarias que no tiene prejuicios para sentarse con la iniciativa privada para cumplir con su propósito, que no es otro que cumplir con su deber público. Por tanto, aquí tengo un atisbo de esperanza pero si no hay presupuesto no vamos a llegar a ningún sitio.

-Ha citado cinco ayuntamientos pero en Canarias hay 88, ¿qué ocurre? ¿No quieren soltar ese suelo?

-Primero es una figura que no se ha utilizado nunca para esto y segundo, puede haber razones de un sentido de lo público demasiado arraigado en la irrealidad. Aquí habría que preguntarse si es público que la población de renta media tenga una vivienda aunque la promueva un promotor privado. Aquí estaríamos con el mismo debate de la sanidad, si un privado ejecuta un servicio ¿deja de ser público? Esto no es así. Muchos alcaldes están por cubrir a estas rentas medias porque se encuentran que la gente se va porque no hay casas y otros, no pueden ir a trabajar porque no tienen donde vivir.

-El secretario general de la Aedaf, Orlando Luján, dice que mientras se obligue al promotor que ha invertido RIC en vivienda a gestionar el alquiler de esas casas, no se va a destinar RIC a construir viviendas.

-Por eso se creó una socimi, para que hasta que se arregle a nivel nacional, se pueda colectivizar el uso de la RIC. Lo que se está cambiando y que esperamos que salga con seguridad jurídica y sin trampas fiscales es que la RIC pueda utilizarse sin que el promotor tenga que gestionar directamente. De forma que yo pueda promover y pueda contratar a Visocan como gestor del alquiler. Lo que es fundamental en el tema de la vivienda es derribar prejuicios. No se trata del Estado contra el mercado. Se trata de compartir los esfuerzos hacia un objetivo común y si esto no pasa por la iniciativa privada esto fracasa. La administración publica es incapaz de poder cumplir estos objetivos. Habría que gestionar la administración pública como si fuera una empresa privada.

-Sé que es difícil buscar culpables para la lentitud a la solución del problema de la vivienda pero si tuviera que apuntar a uno, a quien señalaría.

-Apuntar a un único culpable no sería justo. Yo hablo que ni ayuntamientos, ni administración autonómica... Este es un problema de país y de falta de gestión. Dinero ha habido pero no se ha gastado. Por eso, hay que localizar fondos públicos y que penalizar a las áreas de gobierno que no ejecutan presupuesto y hay que priorizar la política de vivienda. Debe haber una apuesta clara. En la normativa se están poniendo los cimientos, ahora dependerá de los prejuicios. ¿Se sumarán los ayuntamientos? Porque algunos tienen fobia a la iniciativa privada.

- ¿Se refiere a que no actúan por temor a que se les acuse de generar negocio al empresario?

-Yo creo que hay un complejo ideológico erróneo porque la iniciativa privada está al servicio de lo público. No es el Estado contra el mercado, como se está ahora. Y esto pasa con la vivienda y en muchos otros discursos que se está perdiendo la libertad de expresión. En función de lo que digas y eso pasa con frecuencia, si dices lo que piensas eres sometido a un escarnio que tiene que ver con los complejos ideológicos y la polarización.

-Por eso se opta en muchas organizaciones por presidencias ejecutivas...

-La presidencia ejecutiva es más transparente porque no tiene interés propio y puede hablar con tranquilidad porque nadie le va a castigar ni a poner en una lista negra. Esto es así de duro.

-¿Han dejado de estar demonizados los constructores después de la crisis de 2007?

-Ahora sentimos que somos escuchados. La asociación ha contribuido mucho a que la sociedad entienda que representamos a los empresarios pero que, sin ellos, el progreso es imposible. Tenemos una responsabilidad en esta sociedad y estamos comprometidos. Ya no somos depredadores, ni el del Mercedes y el puro, ni millonarios.

-En este sentido, usted ha dicho que se está avanzando hacia un modelo en el que se está vaciando a la iniciativa privada en favor de la pública a través de dar contratos a las empresas públicas.

-Totalmente. Ahora el Gobierno ya tiene su constructora (por Tragsa) y promotora. Las administraciones públicas tapan su inutilidad y su incapacidad creando empresas públicas para hacer lo que no han sido capaces de hacer durante lo público en los últimos 30 años. Claro que se pretende cambiar el modelo y es muy peligroso. Aquí hay un modo de entender y una tendencia que se canaliza hacia el odio a la empresa, el intervencionismo feroz, la polarización y el quebrar el principio básico de autonomía de la partes del diálogo social.

-Se está refiriendo al Gobierno de España.

-Claro pero nos afecta en Canarias. El SMI, la reducción de jornada, el absentismo, los prejuicios ideológicos en la vivienda, tiene que ver con un ataque virulento y constante a la iniciativa privada con la polarización sistemática y un intervencionismo feroz. La tendencia es a quebrar una de las conquistas más importantes de la Transición que fue el diálogo social y la negociación colectiva. Esto también se está quebrando. Estamos viviendo un momento de cambio de modelo de país y lo vamos a pagar todos. Esto sobre el desempeño económico va a tener un impacto negativo a corto y medio plazo. La tendencia es que todos cobremos 1.200 euros e igualar por debajo. Así no es, hay que dejar que la genere progrese y evitar la dependencia del sistema público, del subsidio. No hago política, hablo de economía, de bienestar social.

- ¿Qué opina de las recetas del PP y del PSOE para vivienda?

-Yo les digo que se las guarden y nos pasen el presupuesto. Hay que volver a las hipotecas asequibles pactadas con ala banca a que la gente tenga una ayuda a la entrada y que se ayude a pagar los intereses.

–Los empresarios apuntan al absentismo como el principal problema de Canarias, ya que lastra su competitividad y su productividad. ¿En la construcción también se da?

–El absentismo es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos. Nos cuesta a todos cantidades millonarias que podrían destinarse para otras cosas. Cuando nos referimos a él como un coste insostenible no hablamos del absentismo sustentado en una enfermedad. Nos referimos a otros dos que hay que atajar: el fraudulento, que afirmó que lo hay, y el causal, que se debe a los retrasos de las listas de espera y las demoras para tener cita médica. Aquí la culpa no es del trabajador.

– En cualquier caso, el fraudulento será relativamente bajo.

–No, no, no. El INE lo estima en más de un 20% . Y lo tenemos que combatir desde el sentido común. Ante una persona enferma no decimos absolutamente nada. Ante aquella que espera una cita médica, hay una anomalía de gestión que provoca el absentismo y que hay que atajar.

– Ir a un médico y pedir una baja por la cara tampoco creo que sea fácil.

–Voy a decir una cosa, lo que hay que hacer es proteger más a los médicos y a su integridad física.

–¿Está diciendo que en ocasione se ven obligados a dar baja porque se les amenaza?

–Sí. Yo no creo que los médicos deben una baja porque sí. Hay que solucionar esto y para ello las mutuas deben tener más capacidad de intervención y control de las bajas. Y esto no es una persecución a los trabajadores sino a los carotas. Por otro lado, hay que utilizar a las mutuas y a la iniciativa privada para canalizar esas consultas que el sistema público es incapaz de absorber. En nuestro caso el absentismo se localiza en las personas de entre 30 y 45 años, los más jóvenes. En los más mayores apenas llega al 3%. A las empresas pequeñas, que son mayoría, le hace mucho daño. El 99% tienen menos de 50 trabajadores.

–¿Cómo les afecta la reducción de jornada y la subida del SMI?

–Nuestra jornada es de 1.736 horas al año. Con la reducción serían 1.712 y eso que parece poco, tiene un impacto de 20-25 millones de euros. Esto tiene una repercusión en el precio de la vivienda. En cuanto al SMI, nuestro salario medio es un 31% superior. Y en los últimos cinco años el IPC subió un 16% y nuestros salarios igual pero entre el 2026 y 2020, subió el IPC un 5,2% y nosotros lo hicimos un 9,3%. Por tanto, nuestros trabajadores están por encima del IPC en un 4% y nuestros salarios son de media un 29% superiores al resto de actividades.

–¿La vivienda vacacional es la culpable de la falta de vivienda? y segundo, ¿limitar la compra de viviendas a extranjeros es la solución?

–Limitar la compra de vivienda a extranjeros es como matar moscas a cañonazos porque no llega ni al 2% y además se trata de activos a los que los canarios no podemos acceder. Esto es demagogia. Por otro lado, la vivienda vacacional, lo primero que no entiendo es por qué lo llaman vivienda cuando es un producto turístico y se debe regular como tal. Conceptualmente es un error porque se pretende hacer poltítica de vivienda para regular un producto turístico. Y si vemos su participación en el total del parque, no es significativa. El problema de la falta de vivienda tiene dos motivos: la falta de oferta y la demonización del propietario y la propiedad privada.

–Se habla mucho de la vivienda vacía como posible solución pero nadie sabe nada de ellas.

–Están deslocalizadas y muchas en condiciones no óptimas para vivir.

–El INE apunta a 211.000

–Yo esa cifra no me la creo.

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