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Los ayuntamientos de Canarias serán los que inicien los procedimientos para declarar las zonas tensionadas, tal y como había anunciado el Gobierno de Canarias y recoge la ley de vivienda estatal, y serán ellos también los que se encargarán de recopilar todos los datos que justifiquen la toma de medidas.
Así reza en la propuesta de procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado de Canarias que ha remitido el Gobierno regional a los municipios.
Según se recoge en el borrador, que actualmente está a la espera de las aportaciones de los ayuntamientos a través de la Fecam, antes de iniciar el expediente las corporaciones locales deben realizar un «procedimiento preparatorio» en el que recopilen información exhaustiva sobre el mercado residencial de la zona. Ese análisis debe incluir datos de los precios de alquiler y de venta de los distintos tipos de vivienda y su evolución en el tiempo, así como información del nivel de renta disponible de los hogares residentes. También deben evaluar el esfuerzo económico que realizan las familias para vivir de forma digna.
Esta información debe ir acompañada de una propuesta de delimitación de la zona tensionada y otra de plan específico, con medidas concretas para corregir los desequilibrios. También debe incluir un calendario de aplicación con un cronograma de cumplimiento a tres años (los de la vigencia de la declaración).
En el plan también deberán indicarse las necesidades de financiación y ayudas que se requieren del Gobierno de Canarias u otros organismos para su puesta en marcha. Finalizado el «procedimiento preparatorio» se solicitará al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada y será el titular de la Consejería de Vivienda en ese momento quien se encargará de su tramitación. Antes podrá proponer las modificaciones que considere oportunas.
El expediente se someterá a información pública, poniendo a disposición de toda la ciudadanía de la documentación de la memoria justificativa, la propuesta de declaración y el plan de medidas propuesto. Una vez instruido el expediente, el consejero podrá declarar la zona tensionada.
También será el titular de Vivienda quien se encargue de trasladar la declaración a la secretaría general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes. Las exigencias que incluye el borrador para la declaración de la zona tensionada hace prever que pasarán varios meses, por no decir un año, para que la declaración entre en vigor desde la petición inicial, según estiman fuentes próximas.
Los ayuntamientos de las islas que soliciten al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionadas en sus municipios y tengan una resolución en positivo del Ejecutivo regional podrán aplicar las medidas correctoras, como es la limitación de los precios, durante un período de tres años prorrogable anualmente con justificación.
La intención del ayuntamiento de Granadilla de Abona de solicitar al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada, como aprobó hace casi un mes en pleno, empieza a tener consecuencias negativas y contrarias al objetivo que se persigue.
La promotora inmobiliaria Aurquia decidió hace unos días no sacar a alquiler asequible un edificio de 64 viviendas que había levantado en el municipio ante el temor de que la declaración sea efectiva y se limite el precio, hundiendo la rentabilidad y llevándola a un nivel inferior a los costes. Actualmente la empresa estudia otro uso y ha avisado a los clientes que ya tenían reservada la vivienda del cambio y les ha devuelto el dinero entregado en concepto de reserva de arrendamiento de la vivienda.
El edificio estaba a falta del suministro eléctrico para su entrega en unas semanas.
La decisión del ayuntamiento de pedir la declaración de zona tensionada cambia el marco regulatorio y los planes de la empresa, lo que ha llevado a Aurquia a replantearse su uso. La incertidumbre también afecta a la entidad bancaria que financiaba el proyecto y que la ha retirado «haciéndolo inviable». : «Nuestro objetivo de contribuir a facilitar el acceso a la vivienda se ve truncado en Granadilla de Abona como resultado de las recientes decisiones del pleno municipal», ha manifestado Ignacio Moreno, fundador y CEO de Aurquia.
«Lamentamos el impacto que la decisión pueda tener en los usuarios que se ven perjudicados por una situación a la que nos vemos obligado , como resultado de decisiones que desde la Administración contribuyen a generar incertidumbre y provocan el efecto contrario al pretendido, reduciendo las oportunidades para la ciudadanía de acceder a viviendas asequibles», manifiesta Moreno.
La promotora trabaja con un plan de negocio que ahora se ha visto truncado por la decisión del pleno municipal.
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