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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también se posiciona a favor de la granja de pulpos y rechaza que el proyecto de Nueva Pescanova en el puerto de Las Palmas para la cría en cautividad de estos animales suponga un impacto medioambiental en la zona.
Así consta en una resolución emitida el pasado 4 de agosto por la directora general de Urbanismo y Vivienda y en el que se informa de forma favorable a la evaluación de impacto ambiental del proyecto. Eso sí, en la misma resolución se «supedita» el informe favorable a cuatro cambios que Nueva Pescanova tendrá que realizar de cara a conseguir la autorización urbanística, esto es, la licencia de construcción. Un trámite que depende del Ayuntamiento capitalino.
En primer lugar se le pide al grupo gallego que modifique el edificio principal de la instalación que proyecta en el puerto y lo divida en varias unidades de cara a reducir el «efecto pantalla» de la edificación. También se le solicita que acompañe esa área de «vegetación de impronta paisajística» en los espacios intermedios y no edificados al fin de «reducir» el efecto óptico de la construcción, que llegará hasta los 15 metros de altura.
La resolución recoge que, en el caso de que no se llegara a realizar esta modificación sobre el edificio, sería necesaria una «justificación exhaustiva» de la necesidad de esa solución arquitectónica para la actividad que se va a desarrollar y en relación con el impacto en el paisaje.
El Ayuntamiento exige también a Nueva Pescanova que incluya las medidas necesarias para garantizar que la granja de pulpos no producirá alteraciones negativas a la biodiversidad del entorno marino y del ecosistema de la Zona Especial de Conservación del Área Marina de La Isleta. También reclama mecanismos de restricción de la biodiversidad de aves presentes en el entorno terrestre de La Isleta sobre la producción prevista y los residuos asociados.
Dejando al margen los cuatro condicionantes exigidos por el Ayuntamiento, la resolución a la evaluación del impacto medioambiental no deja lugar a dudas. «Ni la parcela ni su entorno más o menos inmediato se encuentra integrada dentro del Catálogo Municipal de Protección, en cualquier de las secciones de Patrimonio Arquitectónico, Etnográfico, Arqueológico o Zona de Interés Medioambiental, no siéndole de aplicación las correspondientes normas de protección o limitación de uso», se recoge en la resolución.
Del mismo modo se apunta que la granja de pulpos no se encuentra afectada o dentro de los límites de ningún ámbito definido como Bien de Interés Cultural o dentro de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 o Hábitat de Interés Comunitario. De forma que, como consta no es necesario aplicar los instrumentos legislativos de protección.
Por lo que respecta a la proximidad del proyecto al Paisaje Protegido de La Isleta, la resolución del Ayuntamiento señala que la granja de pulpos se ubica a 700 metros de distancia del límite exterior de esta zona, lo que supone una «limitada relación» por su diferenciación de cota de situación y la existencia intermedia de espacio urbanizado y edificado.
«La interacción con la forma paisajística que le supone el espacio protegido en la Red Canaria es bien diferenciada con respecto a dicho emplazamiento urbanizado y de formalización portuaria, no previéndose una alteración negativa en cuanto a la integración en el entorno volcánico», se añade.
Además, como consta en el escrito, no hay constatación de que en el entorno a urbanizar haya especies o valores de tipo geomorfológico, de biodiversidad, cultural y agrológica susceptibles de requerir medidas de conservación o de interés general.
Contra la resolución del Ayuntamiento cabe un recurso contencioso-administrativo en la vía judicial a poner en el plazo de dos meses. También cabe, de forma previa, uno de reposición en la vía administrativa en un mes.
La resolución se ha conocido un día después de trascendiera que la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias había tumbado las alegaciones planteadas por el partido animalista Pacma contra la autorización de vertidos de tierra al mar solicitada por Nueva Pescanova.
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