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José Miguel Pérez y Las Palmas de Gran Canarias
Jueves, 19 de marzo 2020, 07:32
Las patronales canarias y los sindicatos confían en que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado martes para hacer frente a las consecuencias de la crisis generada por el coronavirus sirvan para mitigar sus demoledores efectos sobre la economía española. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, celebró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya dado los pasos necesarios para «salvaguardar la liquidez de las empresas y preservar el empleo».
Sí consideró que los autónomos «son hasta el momento» los grandes olvidados por el Gobierno. «Entendemos que se haya dado prioridad a la protección del tejido empresarial, pero estoy convencido de que en los próximos días se adoptarán medidas para este colectivo», concluyó Manrique de Lara.
El secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (Ceoe-Tenerife), Eduardo Bezares, coincidió en que las medidas «cubren muchas cuestiones importantes para frenar el impacto económico de esta alarma sanitaria». Bezares celebró que el desarrollo de medidas tan importantes como la agilización de los ERTE y las encaminadas a proteger el empleo estén en manos de Alejandro Ramos, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, y Gustavo Santana, viceconsejero autonómico de Empleo, Gustavo Santana.
Sí mostró su preocupación por «la falta de concreción de algunas medidas, y la ausencia de respuestas por parte de la Delegación y Subdelegación del Gobierno para despejar las dudas que se están generando». En concreto, Bezares reclama que se haga pública «una relación clara de actividades permitidas que asegure la viabilidad de las empresas que quedan operativas».
El secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, también consideró que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que movilizará un total de 200.000 millones de euros, supone «un enorme esfuerzo en recursos públicos». González destacó unas iniciativas con las que se intenta «proteger a los colectivos más vulnerables, evitar los despidos, garantizar las rentas de las personas afectadas y el sostenimiento del tejido empresarial».
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