La Administración necesita sustituir a medio millón de empleados que se jubilarán en cinco años

Aunque según la estadística que se coja puede variar en algo el porcentaje, la realidad es que en España las plantillas de empleados públicos tienen una edad media superior a otros países. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el colectivo de empleados públicos del Gobierno central en cada uno de los países de la OCDE muestra que, con datos de 2021, el 46% de los empleados públicos españoles tenía 55 años o más, porcentaje sólo superado por Italia y muy por encima de la media de los países de la OCDE (26%). El informe también resalta el considerable aumento de este porcentaje desde 2015 en algunos países, especialmente en España, que lo incrementó en un 11% frente a la media de un 1% de aumento en el conjunto de los países de la OCDE.

Como se puede imaginar, la mayor edad media se encuentra en el colectivo de laborales fijos y funcionarios de carrera, mientras que esta desciende considerablemente en los temporales e interinos.

Los porcentaje varían en función de la fuente de los datos, pero todos reflejan el acusado envejecimiento de las plantillas en la Administración. Con datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) correspondientes a 2022 y que recoge datos del Estado, la edad media del personal se sitúa en los 51,32 años, con más del 64% del personal por encima de los 50 años y con una estimación de jubilaciones a 10 años del 58,61% de la plantilla. Y en la Seguridad Social es aún más grave, con el 80,89% de sus asalariados con 50 años o más en 2022.

Una de las razones del envejecimiento de las plantillas es la escasa oferta de empleo público durante los años de la crisis. En el periodo 2014-2021 se perdieron 63.923 efectivos y se incorporaron solo 32.037. Hasta 2021 las nuevas incorporaciones no cubrían todas las bajas. Con las proyecciones que hizo el Estado de tendencia a diez años saltaron todas las alarmas, ya que perdería seis de cada diez empleados por jubilación (97.027 efectivos).

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Los empleados públicos sostienen la prestación de servicios públicos como la sanidad, la educación o la tramitación de pensiones, por ejemplo y una adecuada planificación de recursos humanos en el sector público busca aumentar los efectivos donde verdaderamente sean necesarios. Las ofertas de empleo público de los dos últimos años han iniciado el camino de la creación de empleo neto que permita recuperar empleo público, rejuvenecer las plantillas, así como atender las demandas de urgencia en sectores que son, en estos momentos, deficitarios. En este sentido, el Estado firmó un acuerdo marco con los sindicatos UGT y CCOO en 2022 para que las ofertas de empleo público se diseñaran teniendo en cuenta las proyecciones de jubilación de las plantillas.