Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y medio para el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar por las supuestas irregularidades que cometió durante una década para beneficiar, entre a otros, a su hijo Gorka, provocando un importante perjuicio económico para la federación.
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En esta pieza del denominado 'caso Soule', que pivota sobre la celebración de varios partidos amistosos de la selección absoluta masculina para enriquecer una sociedad del vástago de Villar, la Fiscalía también reclama para el expresidente, quien ya estuvo varios días en prisión por este sumario, 966.000 euros de multas, más indemnizaciones que superan los 4,5 millones de euros.
El Ministerio Público acusa a Villar de los delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
En esta causa que se abrió en la Audiencia Nacional en 2017 cuando Ángel María Villar todavía estaba en la presidencia que ocupó entre 1988 y ese año, la Fiscalía acusa en total a ocho personas. Entre ellas se encuentran al propio Gorka Villar, para quien pide una condena de siete años de prisión; o el exvicepresidente de la RFEF Juan Padrón, para quien reclama otros seis años y medio de cárcel.
En su escrito de acusación, Anticorrupción sostiene que «entre al menos los años 2007 y 2017 los acusados Ángel María Villar y Juan Antonio Padrón, aprovechándose de los cargos que ocupaban como presidente y vicepresidente económico de la RFEF, respectivamente, (...) beneficiaron a personas físicas y jurídicas de su entorno en connivencia con otros acusados».
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Lo hicieron, detalla, «bien con la consecución de contratos a su favor en condiciones económicas perjudiciales para la RFEF, bien mediante el pago con cargo a fondos de la RFEF de retribuciones que o no se correspondían con ninguna prestación de servicios o no en las condiciones que se retribuían».
En particular, indica que «desde al menos el año 2009 Villar decidió la celebración de algunos de los partidos amistosos de la Selección Absoluta de Fútbol de acuerdo con lo convenido con su hijo, el también acusado Gorka Villar, en perjuicio de la RFEF y con el fin de beneficiar a éste personalmente y a través de su sociedad Sport Advisers mediante la obtención de contratos entre ellos y las federaciones que resultaban favorecidas con su selección para esos partidos».
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Villar y su hijo, sostiene la Fiscalía, se valieron del «aumento del prestigio» y del «caché» de la selección, derivado de sus triunfos en la Eurocopa de 2008 y 2012 y en el Mundial de 2010, para organizar esos encuentros, en cuya puesta en marcha se eludieron «todos los órganos competentes de la RFEF», al tiempo que Villar se atribuyó presuntamente «la facultad de decidir» los rivales en partidos amistosos, en beneficio de su hijo y de su sociedad, Sport Advisers.
Anticorrupción calcula que «con esta actuación la RFEF sufrió un perjuicio de al menos 3.830.000 euros y Gorka Villar y su sociedad obtuvieron unos ingresos de 366.583,08 euros».
Asimismo, añade, «en relación con el pago indebido de retribuciones, se abonaron servicios no prestados, así como beneficios indebidos a la acusada Adoración de Pedro, por un importe total de, al menos, 684.441,72 euros».
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La Fiscalía señala que todo ello generó unos perjuicios a la RFEF de 4.514.441,72 euros, que es lo que reclama en concepto de indemnización para la misma a Villar y otros acusados.
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