Morales dice que un «lobby musical» orquesta la campaña contra Chichon

Tras una interpelación directa del portavoz de Ciudadanos (CS), Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, rompió ayer su silencio sobre la polémica que envuelve desde hace semanas a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) para denunciar la existencia de una campaña mediática y política de acoso y derribo contra Karel Mark Chichon, director titular y artístico de esta formación, auspiciada por «un lobby musical local» que apoya a una empresa de representación «a la que se le contrataba todo», antes de que asumiera su cargo el músico británico contratado durante la anterior legislatura.

Morales respondió también con claridad y contundencia ante las distintas cuestiones que puso de relieve durante su intervención Ruymán Santana, portavoz de Cs en la corporación insular.

Santana, que la pasada semana afirmó en un comunicado de prensa que la formación naranja estudia llevar a la fiscalía el nuevo contrato firmado por Rafael Sánchez Araña, director asistente de la OFGC, preguntó a Morales si tiene una relación de amistad con el padre de este músico grancanario. «He saludado a Rafael, a su hermano Rubén, que también es músico, y a su padre. Si me pregunta si tengo una relación de amistad con ellos, le respondo que no. Nunca he estado en su casa ni hemos ido a fiestas compartidas», respondió Morales sin ambages.

A continuación, el presidente insular echó la mirada atrás para desvelar lo que, desde su punto de vista, sustenta la actual campaña política y mediática de descrédito contra Chichon.

«Cuando llegamos, lo que nos encontramos en la Orquesta era un caos. Una institución desprestigiada y sumida en un caos, con guerras internas, y dominada por un lobby hedonista e intrigante. Con un director puesto por Soria fruto de su amistad con su padre», afirmó Morales en alusión a Pedro Halffter.

Profundizó, sin dar nombres. «Ese lobby» musical canario, dijo Morales, presionó para que el recambio de Halffter fuera de su cuerda. Pero el grupo de gobierno liderado por él se negó y apostó por Chichon, «un director con reconocido prestigio».

Esta decisión, rememoró, no fue del agrado ni de ese lobby ni de «una empresa musical a la que antes se le contrataba todo en la OFGC» y a la que los integrantes de ese grupo están muy 'ligados', por lo que sugirió el presidente insular. Ahí fijó el punto de partida de la campaña contra Chichon ya que, según Antonio Morales, «se les hizo muy cuesta arriba» el nombramiento del anglosajón y comenzaron «a amenazar, sin importarles un comino la orquesta».

Incluso, apuntó que la actual jefa de producción de la OFGC, Isabel Turienzo, desde que accedió a su cargo por concurrencia pública, encabezó una guerra interna contra Chichon que se enmarca dentro de esta campaña.

Turienzo, según publicó la pasada semana el periódico 'La Provincia', ha denunciado de forma interna por «acoso laboral» a Chichon. La empresa Igualia, contratada por el Cabildo, ha sido designada para esclarecer el caso.

En su intervención, Ruymán Santana denunció que Chichon contrata artistas a través de una agencia musical lituana que opera en Chipre y paraísos fiscales. «Si dejáramos o cuestionáramos a todas las empresas que operan en lugares como Chipre, dejaríamos de trabajar con el 50% de las empresas españolas del Ibex, que tienen 805 filiales en paraísos fiscales del mundo », puso Antonio Morales como ejemplo.

Sobre el cobro de supuestas comisiones por parte de los agentes musicales con los que ha contactado Chichon, el presidente del Cabildo grancanario aludió a una hipótesis en torno a una popular cantante española. «Todas las agencias, no solo esa, operan así. Si usted va a contratar a Isabel Pantoja, lo tiene que hacer a través de una agencia. Esa agencia tiene un porcentaje y el artista, otro. Eso pasa en todos los lugares del mundo y con los músicos también», aclaró.

Santana expuso los gastos realizados en la pasada legislatura en la reforma del despacho de Chichon. Morales le respondió que se aprobaron en el marco de unas reformas que también incluyeron unos camerinos en la sede de la OFGC «donde todos lo directores que llegan pasan su tiempo».

En cuanto al contrato de Chichon, el presidente dijo que «en absoluto es ilegal» y que sobre el mismo existe «una controversia jurídica», en alusión a distintos informes internos y externos. «Se modificará y se adaptará a la legislación», puntualizó.

Sobre una supuesta factura que ha pasado Chichon a la Fundación y que ha sido rechazada, la respuesta del presidente fue la siguiente: «¿Cuántas facturas no se devuelven en la propia corporación insular y se modifican y corrigen? Como bien dijo la consejera, se analizará y se determinará si ese dinero hay que devolverlo o no, pero no se le puede prejuzgar como culpable».