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«Con datos empíricos» y de forma categórica, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, desmintió este martes en el Parlamento de Canarias que las artes escénicas se hayan privatizado en las islas durante su gestión.
«Es una afirmación carente de base y para que quede bien claro, le respondo que no», apuntó Márquez como respuesta a la pregunta sobre la presunta privatización que formuló el diputado Juan Manuel García Ramos.
El diputado del grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), reconoció, antes de lanzar su pregunta parlamentaria, que parte de la misma se debía a la «insistencia» de una serie de «denuncias anónimas» mediante distintos correos electrónicos que le han llegado últimamente.
«De privatización de las artes escénicas, nada de nada», subrayó el viceconsejero durante una intervención que no podía sobrepasar los cinco minutos de duración, tal y como estipula el reglamento del Parlamento.
«En 2022, se ha destinado un presupuesto para las artes escénicas de 6,4 millones de euros, de los que 4,2 millones son de gestión pública directa. Esto significa que el 70% de la gestión pública en artes escénicas es de gestión pública directa», señaló Juan Márquez.
Apuntó que al comienzo de la actual legislatura, se topó con un presupuesto para las artes escénicas de 1,6 millones de euros, fruto de la gestión de Coalición Canaria en el Ejecutivo Autonómico. «Lo hemos multiplicado un 400%, hasta llegar a los 6,4 millones de euros de 2022», reiteró el actual viceconsejero.
Durante su respuesta a Juan Manuel García Ramos, el viceconsejero hizo hincapié en el hecho de que no solo se ha tratado de aumentar la inversión pública en el campo de las artes escénicas del archipiélago, también se ha apostado por su desarrollo en «todos los eslabones de la cadena».
«En 2019, cuando nosotros llegamos al Gobierno, solo se trabajaba en dos eslabones de la cadena de producción: la distribución local y la exhibición, mediante el circuito regional y el Teatro Guiniguada», recordó Márquez. «Ahora estamos en la totalidad de la cadena de valor: la formación, la creación, la producción, la distribución, la comercialización, la internacionalización, la digitalización y la consolidación de las estructuras de las compañías canarias», expuso.
Para ello, dijo Márquez, «hemos pasado de dos programas públicos a nueve» con inversiones importantes en infraestructuras, como la puesta en marcha del Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, y Raíz del Pueblo en Fuerteventura, a la espera de que concluya la puesta a punto de la Casa de los Coroneles.
Uno de los puntos clave de la nueva política pública para las artes escénicas ha sido la recuperación, desde 2020, de las ayudas a la producción mediante concurrencia pública y que, tal y como adelantó el pasado lunes este periódico, cuenta con una dotación anual de 280.000 euros.
Los otros puntos del programa Canarias en Escena a los que aludió en su intervención el viceconsejero fueron la puesta en marcha del Mapas Fest, un festival «que lleva la cultura a todas las islas con una presencia del 40% de las compañías canarias» -que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros-, el proyecto de Aceleradoras Culturales, el apoyo al Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur (Mapas), y el Hub Audiovisual para la digitalización, que permite, dijo, «la comercialización y la conservación» de las creaciones de los artistas y compañías isleñas.
Defendió que desde el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (IDC) se ha puesto en marcha el proyecto Mares como sustituto del antiguo circuito regional de las artes escénicas, lo que ha contribuido a potenciar su «transparencia» y a que las compañías reciban un apoyo del «70%».
La parte de la inversión para las artes escénicas que no se gestiona directamente desde el ICDC tiene un motivo claro. «Es necesaria una Administración pública robusta, eficaz y eficiente. Cuando llegamos no la encontramos. Había un programa difuso con diez personas. Ahora se ha ordenado la casa y hay dos apartados, música y artes escénicas, con un total de 26 personas, lo que significa un aumento del 160% de trabajadores públicos que ejercen específicamente para esto», aseguró Márquez en sede parlamentaria.
El Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) se verá a la mitad de su actual capacidad durante los próximos meses como consecuencia de la falta de un plan de regulación y contratación. Así lo ha denunciado el sindicato Sepca en un comunicado, en el que señalan 48 de los actualmes 86 trabajadores de la plantilla perderán sus puestos de trabajo tras la reforma laboral, que ha eliminado los contratos temporales por obras y servicios.
La empresa pública tenía hasta 31 de marzo de este año para regularizarlos, ya que la mayoría encubrían, en realidad, puestos de carácter estructural. Algunos de esos contratos temporales superan los tres y cuatro años, incurriendo en el fraude de ley, pero además el objeto del trabajo realizado no es el mismo que figura en su contrato y, en algunos casos, se realizan tareas extra.
«El actual clima de trabajo del ICDC no es el mejor para sacar adelante las actividades, ya que a la evidente preocupación de los trabajadores/ras por su puesto de trabajo se suma las demandas que éstos han interpuesto contra la empresa en los juzgados para hacer valer sus derechos».
Preocupa al sindicato que se vaya a producir un «despido masivo» en la que es la única empresa pública que gestiona casi el 100% del presupuesto de cultura del archipiélago. Tanto es así, que este año la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha recibido (y va a recibir) muchos más fondos públicos destinados a la Cultura.
A su juicio, la falta de personal pone en peligro la ejecución de dichos fondos, afectando al sector cultural de Canarias. Además, muchas de las áreas del ICDC se verán afectadas, poniendo en peligro su continuidad, como es el caso del Departamento Jurídico y Recursos Humanos.
Alerta de que la situación afectará a espacios y actividades como La Granja, el Teatro Guiniguada, la JOCAN o el Festival de Música.
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