Cuando sabes lo que te espera, el impacto es menor. Pero eso no impide que la realidad de las bibliotecas públicas del archipiélago, que están siendo radiografiadas mediante los mapas insulares coordinados por los cabildos a tenor de la información recabada en cada municipio, se encuentre a años luz de los estándares idóneos establecidos en pleno siglo XXI.
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«Los mapas refrendan lo que ya sabíamos. Hay cuestiones muy mejorables, sobre todo en recursos humanos. Es muy triste que en muchas corporaciones locales no se respeten ni siquiera las categorías profesionales, que las jornadas laborales no sean las adecuadas y que no se cuente con el número de trabajadores necesario para llevar a cabo una labor moderna y eficiente», apunta Ariel Brito, presidente de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias.
Hasta el momento, los cabildos de Gran Canaria y La Palma ya han entregado al Gobierno de Canarias sus respectivos mapas insulares, desarrollados con los mismos parámetros para todo el archipiélago. Los de Tenerife y Fuerteventura están a punto de ser entregados, mientras que de los de La Gomera, el Hierro y Lanzarote aún se sigue a la espera.
«Los mapas son unos instrumentos fundamentales de planificación y evaluación del sistema bibliotecario de Canarias. Una vez que se cuente con los de los siete cabildos, se concentrarán en el regional. Nos dará una foto fija y los aspectos concretos en los que hay que mejorar», reconoce Ariel Brito.
La escasez de personal en casi todos los municipios es significativa, así como el incumplimiento en las categorías laborales de los trabajadores contratados. Pero las propias infraestructuras tampoco quedan bien paradas.
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«Las instalaciones son muy importantes. Hay un déficit considerable en metros cuadrados para uso bibliotecario y los mapas ya elaborados y los que están por terminar lo reflejan claramente. Resulta muy complicado o imposible poder desarrollar varias actividades sin un local con unas condiciones mínimas. Eso de un día para otro no se consigue, porque se requiere de una inversión importante. Ahí, los ayuntamientos tienen una responsabilidad fundamental, porque tienen que ser garantes para que la ciudadanía acceda a una oferta de calidad y en unas instalaciones dignas y modernas», defiende Brito.
La Ley de Lectura y Bibliotecas de Canarias llegó «muy tarde», pero como contrapunto es «muy moderna», reconoce Brito. La misma determina que todos los municipios del archipiélago tienen que contar con al menos una biblioteca pública abierta.
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El mapa de Gran Canaria retrata tres lunares negros sangrantes. De la de Firgas apunta lo siguiente: «Esta biblioteca no dispone de personal específico y empleados de las áreas de educación y Cultura del Ayuntamiento se ocupan del servicio en la medida de sus posibilidades». A eso se suma que la renovación de su colección de títulos y el número de ordenadores para acceso a internet es «cero».
«La biblioteca de Ingenio está cerrada, la sucursal de Carrizal solo tiene habilitado un pequeño espacio del total de superficie disponible y la colección total está integrada por más de 46.000 ejemplares, pero la mayor parte de ellos están almacenados y no se encuentran disponibles para préstamo o consulta», subraya el mapa insular sobre este municipio del sureste grancanario.
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En Tejeda la realidad bibliotecaria es tan simple como tétrica. Su única biblioteca está cerrada, por lo que el cero brilla en todos los parámetros analizados para el mapa insular.
El resto de municipios tampoco cumple con todos los parámetros, establecidos fundamentalmente a partir del número de habitantes y su dispersión. Es lógico, entre otras cosas porque algunos destacan en algunos aspectos y flaquean en otros. Los enclaves grancanarios más sobresalientes son Santa María de Guía, Valleseco, Arucas y Gáldar.
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«Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife son casos especiales. Ambas ciudades tienen sus distintas bibliotecas municipales, a las que suman las respectivas Públicas del Estado y en el caso de la capital grancanaria la Biblioteca Insular, en la plaza de las Ranas. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con una red con 12 centros, dos están cerrados por obras. El mapa refleja que hay que mejorar en recursos humanos y en superficie, en la misma tónica que el resto de municipios del archipiélago. Supera a Santa Cruz en el número de bibliotecas municipales, pero la estructura de recursos humanos es mucho mejor y eficiente en la capital tinerfeña», puntualiza Ariel Brito.
Entre las conclusiones de esta radiografía del estado actual de las bibliotecas grancanarias, extensivo a la casi totalidad del archipiélago, figura que las colecciones de volúmenes y publicaciones no se ajustan a las necesidades actuales.
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En algunos municipios, tal y como queda reflejado en el mapa insular grancanario, las únicas inversiones en este apartado son las que proceden de los cabildos o del Gobierno de Canarias. «Hay municipios, y no cito sus nombres ni islas, que tienen sus bibliotecas cerradas y piden subvenciones para la compra de libros. Su destino es estar almacenados en cajas, pero así evitan que los partidos de la oposición no los abronquen por perder subvenciones», se lamenta Ariel Brito, presidente de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias.
Reconoce que la digitalización y la implantación de redes wifi potentes son otras de las asignaturas pendientes. «Los proyectos eBiblio y eFilm funcionan bastante bien, pero hay que difundirlos aún más y necesitan una inversión aún mayor», apunta.
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La adquisición de prensa escrita es otra carencia que denuncia Brito. «Poco a poco la gente, sobre todo mayor, está volviendo a las bibliotecas a leer los periódicos, porque está demostrado que es seguro. Pero en algunas bibliotecas no se compra ni un ejemplar».
Ariel Brito, presidente de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias, subraya la importancia de que tanto la ciudadanía como los responsables de las administraciones públicas asuman la necesidad de un «cambio de percepción» con respecto al uso de las bibliotecas públicas.
«No son salas de estudio. Se puede leer y estudiar en ellas, por supuesto, pero no son salas de estudio. Eso no significa que no queramos a los estudiantes y a los opositores. No los rechazamos. Para nada. Las bibliotecas por defecto son espacios de libertad y por tanto todos tienen derecho a acudir a las mismas. Pero hay que traspasar esa idea decimonónica de templos del saber. Son un servicio fundamental y con una gran demanda, pero deben ser entendidas como espacios de convivencia, donde desarrollar la solidaridad, la democracia y la cultura en todas sus dimensiones. No solo es un lugar para ir a leer, estudiar y adquirir libros, aunque el fomento de la lectura está en su ADN. Las bibliotecas pueden acoger desde un club de robótica hasta actividades de circo», defiende Brito.
Reconoce que existe una «necesidad social» que reclama lugares para el estudio. «Eso se tendría que cubrir en otros espacios, como ya se hace en otros municipios y ciudades fuera de las islas. Se trata de espacios específicos para el estudio, que se dotan de mesas, sillas, una wifi adecuada, un silencio total y seguridad».
Este bibliotecario tiene claro que desde la aprobación de la Ley de Lectura y Bibliotecas y durante la actual legislatura se ha avanzado considerablemente, aunque aún queda muchísimo camino por recorrer. «Se tiene que poner en marcha el Consejo Canario de la Lectura y las Bibliotecas. El Plan de Fomento de La Lectura en el que trabaja el Gobierno de Canarias será clave para construir el edificio desde los cimientos. En los cimientos están los niños y niñas y las bibliotecas escolares, que tristemente son las hermanas pobres en todo el país. Aquí, ni te cuento. Se las tiene que dotar y la Viceconsejería de Cultura creo que lo tiene previsto», avanza.
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