A prisión la acusada de asesinar a su pareja con laxantes tras el veredicto del jurado

La acusada tenía un propósito: apoderarse de todo el dinero del hombre. Durante los seis meses que Salvador estuvo ingresado en el hospital IMED de Burjassot, la acusada realizó hasta 155 extracciones bancarias por valor de 88.000 euros y gastó con la Visa oro cerca de 32.000. Además pidió dos préstamos de 10.000 y 3.000 euros a nombre de la víctima. Como ha detallado el letrado de la acusación Víctor González, «en seis meses llegó a defraudar cerca de 140.000 euros». El jurado también ha considerado probado que Mari Carmen cometió un delito de estafa continuada y otro delito de falsedad documental.

Tras el veredicto de culpabilidad dictado este martes, la encausada se enfrenta a una pena, tal y como reclama el Ministerio Público, de 28 años de prisión por los delitos de asesinato, estafa y falsedad documental. Las acusaciones particulares elevaron su petición a 31 años de cárcel, entendiendo que se le debería de imponer la pena máxima «dado que apreciamos la circunstancia de que mató a Salvador con el fin de quedarse con su dinero», ha explicado el otro letrado de la acusación particular que representa al hijo del fallecido, Andrés Zapata. La defensa ya ha manifestado su voluntad de recurrir en apelación y de solicitar la pena mínima por estos tres delitos mientras que a lo largo de todo el juicio solicitó la absolución de su cliente.

Tras el veredicto de culpabilidad, las acusaciones han reclamado que la Audiencia dictamine prisión provisional para la encausada, que estaba en libertad provisional durante todo el juicio. Zapata ha declarado: «Fue una decisión que se adoptó en su momento. Una vez que se le detuvo parece ser que no daba tiempo a acabar las diligencias porque eran muy numerosas y se decidió no agotar las 72 horas porque no iba a ser posible pasarla a disposición judicial y se acordó su libertad provisional».

El veredicto ha sido un mensaje de alivio para los familiares de Salvador. A la salida de esta última vista, se han abrazado a las puertas del Tribunal del Jurado diciéndose entre ellos: «Ahora podemos respirar». Su voluntad era que Mari Carmen no quedara impune por sus actos. Al parecer, repitió esta fórmula con su pareja anterior que en una llamada telefónica reconoció a la Policía que mientras estaban juntos también sufrió una diarrea de tres meses.

El jurado ha emitido este lunes por la tarde el veredicto de culpabilidad contra Mari Carmen B. G., de 58 años de edad, al considerar probados los hechos recogidos por el fiscal Vicente Devesa en su escrito de calificación, según confirmaron fuentes del procedimiento. Ahora será el tribunal el que fije la pena.

El magistrado entregó sobre las diez de la mañana el objeto del veredicto a los miembros del jurado con una batería de preguntas a las que han respondido para determinar que Mari Carmen es culpable.

Según la Fiscalía, la acusada «sabía muy bien lo que hacía y la rentabilidad de lo que hacía hasta el resultado final», con lo que en la exposición de su informe pidió al jurado que hiciera «justicia» y la condenara, porque se trata de un crimen «especialmente alevoso y muy grave: en los siete meses que Salvador estuvo ingresado veía cómo se consumía y siguió. Es insoportablemente escalofriante». Devesa añadió: «Ella mató a Salvador sabiendo lo que hacía, administrándole los laxantes y quitándole el dinero».

El abogado Andrés Zapata, que ejerce una de las acusaciones particulares, señaló que la inculpada es una «depredadora que ha ido perfeccionando con el tiempo su método (un exnovio testificó que le vacío sus cuentas mientras estuvo tres meses con diarreas) en el cual el fallecido no tuvo ningún tipo de oportunidad». «Por favor, párenla», reclamó al jurado.

Sin embargo, la defensa mantuvo a lo largo del juicio que el relato de las acusaciones es «una excelente película, pero que no está basada en hechos reales», porque «no se ha encontrado el arma del crimen, los laxantes, ni en la autopsia ni en los informes». También afirmó que no se ha probado la autoría, porque nadie vio a Mari Carmen «administrar laxantes a Salvador». La acusada no quiso hacer uso de su derecho de última palabra.

«La compatibilidad de las diarreas con los laxantes solo es una posibilidad, pero no puede ser causa para condenar por asesinato a Mari Carmen», señaló la letrada de la defensa, cuando además apuntó que quedó acreditado que en el propio hospital le administraron laxantes. Además, los médicos que practicaron la autopsia relataron que no encontraron rastro de estos medicamentos en el cadáver de la víctima dado que se absorben por el propio organismo y son «prácticamente imposibles de detectar en análisis de orina, de sangre y de cabello».

En todo momento la acusación negó los delitos de estafa y falsedad, reclamando la libre absolución de la acusada que hasta el juicio ha estado en libertad provisional. Insistió en que Mari Carmen contaba con la autorización «verbal» de Salvador para usar sus tarjetas, y apuntó que en caso de haber habido un desfalco pudo ser por «voluntad propia» de él antes de ingresar, porque «estaba enamorado de Mari Carmen o porque le había comida la olla».

Tras iniciar una relación sentimental con Salvador en 2019, la acusada comenzó «un proceso de alienación», cuya finalidad era separar a Salvador de su familia, según Andrés Zapata. En marzo de 2020, coincidiendo con el confinamiento por la pandemia, Mari Carmen se quedó a vivir en Paterna en el domicilio de la víctima, que hasta ese momento convivía con su hija y su nieta.

El proceso de enajenación se agudizó durante el verano, provocando que sus familiares abandonaran la casa en el mes de agosto, y a partir de ese momento y una vez que estaba sola en la vivienda con la víctima, empezó a comprar hasta 2.000 productos laxantes (Evacuol, Dulcolaxo y Seguril), que administró a Salvador, tal y como había hecho con otra pareja anterior, sin que su compañero sentimental se diera cuenta.

Salvador tenía diagnosticados varios trastornos médicos, fue hospitalizado en septiembre del mismo año y pasó cuatro días en la unidad de cuidados intensivos. Al volver a casa, Mari Carmen, según el relato del fiscal, continuó dándole laxantes, lo que provocó un nuevo ingreso de la víctima y siguió administrándole los fármacos a pesar de que era consciente que podían causarle la muerte. Durante el tiempo de hospitalización hasta su muerte llegó a comprar más de mil comprimidos de Dulcolaxo, más de 500 unidades de Evacuol y otras 500 de Seguril.

La víctima desarrolló una diarrea crónica funcional y refractaria a cualquier tratamiento y una deshidratación y deterioro progresivo hasta que falleció el 16 de abril de 2021 por un fallo multiorgánico causado por un shock séptico severo. Salvador tenía 69 años cuando falleció.

Además, entre octubre de 2020 y hasta la muerte del hombre, la procesada habría realizado hasta 152 extracciones de dinero de cuentas corrientes de la víctima y compras con tarjetas de crédito del hombre por valor superior a los 120.000 euros. También habría solicitado dos créditos a nombre del enfermo, que habría suscrito telefónicamente simulando la intervención del hombre.

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La expareja de Mari Carmen también declaró en el juicio que mientras estuvo con ella sufrió una diarrea masiva que duró hasta tres meses. El hombre, que no ha querido denunciarla, aseguró que al romper la relación se recuperó de la dolencia. Además, mientras estuvo enfermo realizó extracciones con su tarjeta de casi 20.000 euros. El testigo defendió: «No le pedí que me los devolviera».