Auto de procesamiento contra la alcaldesa de Candelaria y tres exregidores

Un juzgado de Güímar ha emitido un auto de procesamiento contra la alcaldesa de Candelaria, Concepción Brito (PSOE), uno de sus predecesores, Gumersindo García (PSOE), y los exregidores de Güímar Carmen Luisa Castro (PP) y de Arafo José Juan Lemes (PP y CC).

Se les imputa la presunta comisión de sendos delitos continuados contra el medio ambiente y de prevariación por su supuesta inacción ante el vertido de aguas residuales al mar procedentes del polígono industrial de Güímar, mezcladas con aguas fecales urbanas.

En su auto, el juez Francisco Tuero González señala que estas personas, en el ejercicio de su cargo como alcaldes y como titulares de dicho polígono a partir de julio de 2013, omitieron durante años las actuaciones administrativas a las que estaban obligados para el control y legalización de los vertidos al mar.

El magistrado recalca que estos vertidos fueron continuos e incontrolados, procedentes tanto de las empresas del polígono como de las urbanizaciones de El Socorro y La Viuda, «sin depurar, tratar, ni legalizar», provocando «un riesgo grave para la calidad de las aguas, el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas».

En el mismo auto, el magistrado resuelve el sobreseimiento provisional y parcial de las actuaciones respecto a funcionarios municipales y cargos de la Viceconsejería de Medio Ambiente y del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

En el auto, el juez remite a un informe pericial elaborado en 2021 por un grupo de especialistas en criminalística, calidad ambiental y química analítica, en el que se concluye que no hay un tratamiento previo de las aguas residuales antes de llegar al emisario, que presenta un estado de «abandono».

Estos peritos concluyen que una serie de muestras tomadas tanto por Aqualia como por una comisión judicial entre febrero y mayo de 2017 sobrepasan sistemáticamente los valores límites permitidos en la legislación.

En algunas muestras se registraron superaciones de hasta 240 veces la cantidad permitida de la bacteria ecoli, así como superaciones puntuales de los niveles permitidos de cobalto, plomo y zinc.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inspeccionó en 2017 la planta en la que se debía tratar de forma primaria el agua (separación de lodos) y constató que las instalaciones presentaban un estado total de abandono, con las ventanas rotas y con signos de haber rebosado las aguas al exterior de las instalaciones.

En otra instalación en la que se deben aplicar tratamientos al agua antes de emitirla al mar la situación era parecida: «un estado de total abandono, sin puerta de acceso ni elementos de protección o seguridad y sin maquinaria», y donde «el agua discurría con fuerza, con caudal abundante y continuo y mal y penetrante olor».

Ese mismo año se inició una inspección a raíz de una denuncia del servicio de vigilancia del servicio provincial de Costas al observar un vertido de aguas fecales con fuerte mal olor en un amplio perímetro, procedente del polígono.

El juez recoge en su auto que tras incoarse la causa penal en marzo de 2017 se iniciaron una serie de actuaciones para subsanar aquella «situación de dejación y abandono», y se incoaron diversos expedientes en la Consejería de Medio Ambiente para legalizar el sistema de evacuación de aguas residuales.

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A partir de la emisión de este auto de procesamiento, el juez da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones particulares personadas para que formulen sus respectivos escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o bien para interesa el sobreseimiento de la causa.