La trama de presunta corrupción fue contando con altas y bajas: básicamente empresarios que se cansaban de pagar y no recibían los favores a los que aspiraban y otros que llegaban atraídos por la capacidad de los Fuentes de abrirles puertas en las esferas políticas, con el añadido de que la presencia del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa hacía suponer que la influencia era todavía mayor y podía extenderse a otras provincias e incluso fuera de España.
Según los informes policiales a los que ha accedido este periódico, el último empresario en integrarse en el clan fue Raúl Gómez Rojo, madrileño nacido en 1966 y al que se le conoce con el sobrenombre de 'Raúl Fotovoltaica'.
«Grosso modo», señalan los investigadores en un informe remitido al juzgado, «las intenciones y esfuerzos del mismo se centrarían, por una parte, en crear una filial de su empresa civil, Twin SL, dentro de la zona ZEC, y por otra, procurar obtener distintas contratas gracias a otros investigados, como por ejemplo la construcción de una planta de compostaje para el investigado Montesdeoca García, la instalación de placas solares en las ganaderías canarias, así como vincularse comercialmente con la empresa del investigador Suárez Esteve, o la concesión de proyectos en el extranjero valiéndose de los contactos del general Espinosa Navas, entre otras diferentes pretensiones empresariales».
Es en febrero de 2021 cuando se tiene conocimiento de su vínculo con la red. Ese día asiste a una reunión en el restaurante La Quinta de Madrid, uno de los locales «más frecuentados por los miembros del entramado delincuencial investigado». En la cita estaban, entre otros, el general Francisco Espinosa.
No consta que hiciera un pago a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, pero sí habría transferido 22.000 euros a algunas de las cuentas bancarias rastreadas por los investigadores. La citada entidad deportiva fue la primera 'tapadera' de los Fuentes para las presuntas comisiones.
Asimismo, están constatados «numerosos pagos con sus tarjetas bancarias en lugares habituales de reunión, tal como el hotel Victoria 4, restaurante La Carmela o el restaurante La Quinta, así como la asistencia a una de las grandes reuniones de la trama en Las Palmas».
Tras meses de rastreo, los investigadores concluyen que se trata de «un grupo de personas concertadas y coordinadas 'ad hoc' para la comisión de supuestos delitos relacionados con la corrupción a fin de obtener enriquecimiento y / o beneficios personales».
En relación con los encuentros, en muchos de ellos hubo testimonios gráficos. Además del restaurante La Quinta, otro habitual, en este caso en la capital grancanaria, era el hotel NH Imperial Playa, elegido también para una fiesta en la que participaron seis de los implicados y cuyo coste, en torno a 11.000 euros, abonó uno de los empresarios de la trama. Igualmente hubo encuentros en Fuerteventura, en la localidad de Caleta de Fuste.
El listado elaborado por la Policía Judicial incluye, entre otros lugares, la propia sede de la Dirección General de la Guardia Civil, donde Espinosa recibía a sus invitados; el Congreso de los Diputados, donde Juan Bernardo Fuentes hacía ostentación de su importancia política; el hotel escuela de Santa Cruz de Tenerife; las sedes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y del Servicio Canario de Salud; y algunas de las queserías que buscaban los favores.
El informe policial con esos encuentros ocupa tres folios.
Los registros
La Guardia Civil concluyó que había que efectuar registros en tres viviendas del general jubilado Espinosa: una en Madrid, otra en Punta Umbría (Huelva) y una tercera en Sevilla.
Por mandato judicial, la Policía Nacional recabó expedientes en la Consejería de Agricultura de las ganaderías supuestamente implicadas y otras mencionadas en el caso.
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