El PSOE logra consensuar un texto sobre el Sáhara con dos de sus socios pero no con NC

El cambio de postura de Pedro Sánchez sobre el Sahara ha obligado al presidente de Canarias a renovar apoyos por medio de un texto consensuado con sus socios de Gobierno. Lo ha conseguido, en parte, sumándose a la propuesta de resolución que ha presentado Podemos en el Debate del Estado de la Nacionalidad y que se basa en una proposición no de ley —también impulsada por la formación morada— que se aprobó el año pasado en el Parlamento. En sí, la resolución pasa por reconocer al Frente Polisario como legítimo representante del pueblo saharahui e insta a buscar una solución política «justa, duradera y aceptable» para todas las partes, amparada por la ONU.

Al margen de este consenso se ha situado Nueva Canarias en defensa de los derechos del pueblo del Sahara. Duras fueron las críticas del portavoz del partido, Luis Campos, durante el debate de ayer, asegurando que más allá de lo dictado por la ONU -«que nadie pone en duda»- se trata de una cuestión de principios. Así, la resolución presentada por NC pide al Estado que rectifique y que vuelva «de manera inmediata» a su posición sobre la soberanía del Sahara Occidental. Será hoy cuando se voten las propuestas y se vea el pronunciamiento final del Parlamento de Canarias y del Pacto de las Flores.

La postura de ASG es la menos comprometida, ya que se ha limitado a pedir al Gobierno de Torres que defienda en Madrid el derecho de autodeterminación de los saharahuis y que mantenga a Canarias informada de «cambios relevantes» para las islas.

En esta línea, otro de los puntos incluidos en la agenda de todos los grupos parlamentarios ha sido la gestión migratoria. El reparto equitativo de los menores no acompañados ha sido respaldado por propuestas de Podemos, NC, la diputada del Grupo Mixto Vidina Espino y el Partido Popular. En sus medidas, los populares incluyen además que este mecanismo se efectúe «hasta el momento de la repatriación».

También los grupos que apoyan al Gobierno han pedido corresponsabilidad al resto del Estado en el caso de los inmigrantes adultos, así como mayor participación en la toma de decisiones sobre esta materia, ya que consideran que en tanto que el archipiélago sufre las consecuencias de un fenómeno estructural debería, si no asumir competencias para establecer una política migratoria propia, al menos contribuir activamente.

Por otro lado, la necesidad de incrementar los recursos de acogida de las islas ha sido una propuesta compartida por varios grupos, aunque de nuevo con un matiz del PP, que en su propuesta pide reducir las plazas del Plan Canarias de las 7.000 actuales a un máximo de 3.000. La formación añade en su texto que se cumplan con los plazos de acogida y las repatriaciones.

Trascendiendo los colores políticos está la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF). Después de las tiranteces en el último año con el Estado y tras la presentación del Parlamento de Canarias de dos recursos ante el Tribunal Constitucional por su vulneración, todos los grupos apuestan en sus proposiciones por continuar protegiendo el fuero canario. También defienden el fomento de la Zona Especial Canarias (ZEC) como otro de los principales instrumentos para atraer inversiones, y entre las medidas compartidas por los socios del pacto se encuentra la devolución del IGIC de las facturas impagadas por la quiebra de Thomas Cook, la recuperación del comercio triangular en la ZEC, su prolongación hasta 2029 o la ampliación de la materialización de las dotaciones de la Reserva de Inversiones (RIC).

A esta última petición se han sumado sendas propuestas del Grupo Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria. Los nacionalistas, sin embargo, van más allá e incluyen este asunto en una agenda pendiente a tratar en una Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado para tratar las cuestiones de interés común.

En este sentido, la mayoría de grupos apuestan por seguir avanzando hacia el autogobierno y reclaman agilizar el traspaso en la competencia de Costas después de que el pasado mes se desconvocara la reunión prevista por estar pendiente de «algunos flecos».

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Los grupos parlamentarios también han considerado en sus iniciativas exigir al Estado el abono de los fondos adeudados por la sentencia del Convenio de Carreteras. Un conflicto que el presidente Torres prevé poner fin antes del Día de Canarias, según anunció en el discurso de apertura del debate. Por un lado, dijo, se firmará una adenda con el Ministerio de Transportes para incluir en el actual convenio (anualidades de 2026 y 2027) los 407 millones de obra no ejecutada. Por otro, firmará con Hacienda para que en 2023 se incluyan en los presupuestos las cantidades restantes de la obra ejecutada.