
La Policía encuentra grabaciones sobre mediaciones con funcionarios de Costas
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Hay una grabación sobre gestiones en favor de italianos y una mención a un edil que habría prometido 'prestar' a un funcionario municipalEn las horas de grabaciones que Antonio Navarro ha entregado a la Policía Nacional y que han dado origen al caso Mediador, los agentes han encontrado también conversaciones con abogados y empresarios sobre presuntas mediaciones con altos funcionarios de la Demarcación de Costas, en concreto relativas a proyectos de inversión en Santa Cruz de Tenerife.
En una conversación del año 2017, a la que ha tenido acceso este periódico, hay referencias directas a gestiones en favor de una empresa ante Costas. La reunión grabada por Navarro se celebró en la isla de Tenerife y, además del mediador, participan un empresario italiano y el abogado Plácido Alonso Peña.
Este letrado representó en su día a Navarro pero el mediador dejó de contar con sus servicios tras ser detenido por la Policía Nacional después de la denuncia presentada por el entonces director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña.
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En un momento determinado, Navarro afirma: «Lo de Costas hay que meterle el machetazo el viernes». Ese viernes del que habla se habría celebrado un encuentro entre el empresario italiano y un funcionario de Costas en Tenerife para ver cómo desbloquear un proyecto inversor. Navarro y Plácido Alonso Peña comentan que en una primera fase los italianos manejan «150.000 euros en efectivo», más una póliza bancaria por importe similar. «Quieren invertir ahí unos 500.000 euros», se oye decir en la conversación.
«Troya, el ingeniero de Costas, se lo paró», comenta Navarro. Seguidamente, el mediador asegura que ha conversado con Troya y da a entender que las pegas al proyecto se pueden levantar.
Troya es Juan Antonio Troya, investigado judicialmente en su día por un polémico expediente urbanístico en el sur de Tenerife. Como jefe del Servicio Provincial de Costas, en diciembre de 2016 emitió un informe que abrió la puerta la continuidad del conocido como Monkey Club Beach Club en Adeje.
También comentan en la conversación que habrá una reunión «con un catedrático de Biología de la Universidad de La Laguna» para contar con su apoyo al proyecto de los empresarios italianos. Navarro y el abogado cifran en 1.500 euros el precio por mediar en esa gestión con la Universidad de La Laguna.
En la conversación, manejan la cifra de 30.000 euros como el montante global a ingresar por sus labores de intermediación con Costas.
También hay una referencia a que para sacar adelante el proyecto, una vez conseguido el visto bueno de Costas, es preciso contar con «un ingeniero» y que el inversor no cuenta con ese profesional. Navarro sugiere una solución: ha hablado con un concejal del Ayuntamiento de Arona con el que mantiene buena relación para que le ayude en esa búsqueda. «Te presto al ingeniero del Ayuntamiento», dice Navarro que le comentó el concejal.
En la grabación hay también referencias a destinar «2.000» a un club de voleibol de Arona, a petición del concejal de Deportes de ese Ayuntamiento, y todo ello como puerta de entrada para que la trama consiga favores políticos. En ese sentido, Navarro señala que el concejal le habría dicho: «Échame un cable y te echamos un cable».
Esa conversación se produjo el mismo día en que Navarro anunció que tendría en breve una reunión con el entonces alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, que desde 2019 es presidente del Cabildo de Tenerife, y dos concejales de su grupo de gobierno.
El abogado le insiste a Navarro en la grabación que es mejor no hablar por teléfono sobre algunos asuntos. Le reitera en que, «por costumbre», siga su consejo: «Es mejor reunirse».
En las investigaciones dirigidas por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, el letrado Plácido Alonso Peña aparece mencionado como parte de la presunta trama del caso Mediador y como la persona que intentaría dar cobertura legal a actuaciones de la red.
De momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, no se ha pronunciado aún sobre las varias solicitudes de personación. Por el momento, se conoce que han querido entrar en el procedimiento Fuerza Canaria, Vox, PP y PSOE, y tanto el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife estaban valorando la posibilidad de hacerlo. También la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha interesado entrar en el procedimiento, así como la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua.
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