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Armando Álvarez es un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria que, como regalo a su pareja, decidió organizar un viaje para que la hermana, cubana residente en El Salvador, pudiera visitarles y conocer España. Como cualquier desplazamiento proveniente de Latinoamérica, es necesario el visado y otra serie de documentación para autorizarlo. Sin embargo, pese a que asegura que cumple con todos los requisitos exigidos por la administración, denuncia que su solicitud ha sido rechazada en repetidas ocasiones sin una justificación que aclare el caso.
Explica que inició el proceso obteniendo la carta de invitación, un documento expedido por la Policía Nacional en España que certifica su compromiso de hacerse cargo de la visitante durante su estancia en el país: hogar, comida, gastos e incluso la repatriación del cuerpo en caso de defunción. Asegura tener también en regla otros certificados como el seguro médico y el comprobante de los vuelos de ida y vuelta. «Hice todo según la ley. Llevé la documentación a un notario para darle más validez. Me aseguré de que todo estuviera sellado y apostillado», afirma.
No obstante, relata Álvarez, cuando su cuñada fue a presentar la documentación en el consulado español en El Salvador, se encontró con obstáculos inesperados: «No le aceptaron el documento notarial. Le dijeron que yo podía haber contratado a cualquier notario y que eso no tenía valor«, denuncia. «Para eso pagamos, para que cualquier notario colegiado pueda llevar a cabo ese proceso», insiste indignado ante lo que considera una falta de criterio.
El denunciante sostiene que la negativa de las autoridades se basa en supuestas dudas sobre los medios económicos para acometer el traslado, pese a que él ha presentado, según asegura, una nómina que probaría la solvencia financiera: «Si todo esto no es suficiente, que alguien me diga qué es lo que realmente están buscando».
A lo largo del proceso, ha recurrido a diversas instancias, incluyendo la presentación de un recurso de reposición ante el Ministerio del Interior, otro recurso extraordinario ante Asuntos Exteriores e incluso una reclamación al Defensor del Pueblo. «No dejaron ni siquiera que mi cuñada presentara el recurso. Me dicen que la vía está cerrada y que solo yo, como español, puedo interponerlo. Tendría que ir yo personalmente hasta El Salvador para que sea válido».
Destaca además la falta de transparencia en el cobro de tasas consulares: «Pagó los 94 dólares del visado y no le dieron ni un recibo. Luego, cuando volvimos a preguntar, se lo hicieron a mano, en el momento y entre quejas. ¿Cómo se puede aceptar una irregularidad así en un trámite oficial?».
Todas las trabas, continuas exigencias de documentación y la falta de respuesta clara por parte de las autoridades, le ha llevado a pensar que detrás del proceso puede haber intenciones ocultas. «Me piden una y otra cosa, me hacen repetir trámites innecesarios, y todo esto solo me invita a pensar mal. ¿Qué es lo que realmente quieren? Parece que buscan más documentación privada o que pague algo más. Me siento como si estuvieran intentando extorsionarme».
Mientras espera una resolución, muestra su frustración por no poder desempeñar sus derechos como ciudadano español: «Yo he seguido todas las normas, he pagado todo lo que me han pedido y aún así me lo ponen imposible. Llevo dos meses con el tema, no tiene sentido».
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