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En crisis y sin control alguno
El ministro amigo, el asesor y su clan (y 3)En esta tercera y última entrega se aborda el llamado caso Koldo, con varias ramificaciones en Canarias.
La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL facturó 12,3 millones de euros al Gobierno de Canarias en el año 2020. La cifra supone el 25% de los 52 millones que la empresa ligada a Koldo García Izaguirre, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, facturó con distintas administraciones públicas españolas. Mediante varios contratos se compraron a esta empresa un total de 2,7 millones de mascarillas.
Los contratos pasaron supuestamente por el comité de gestión de crisis que creó el Gobierno de Canarias para gestionar la pandemia: en este órgano estaba el expresidente Ángel Víctor Torres, el exvicepresidente Román Rodríguez, el entonces consejero de Sanidad en funciones, Julio Pérez, el exviceconsejero de Presidencia Antonio Oliveros, el exviceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez, y el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Sin embargo, no existen actas de las reuniones y se desconoce quién autorizaba los contratos.
El Servicio Canario de Salud fue el organismo que formalizó los contratos de emergencia con la empresa del caso Koldo. El primero el 22 de abril de 2020 por 2,1 millones de euros a cambio del suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 550.000 del tipo FFP2.
Fecha del contrato del Gobierno de Baleares con la empresa del caso Koldo por 3,7 millones de euros, dos días después del primer contrato firmado en Canarias. Las mascarillas que se recibieron fueron defectuosas, que se quedaron en un almacén sin usar por este motivo. El 20 de noviembre de 2020 Europa pidió la devolución del dinero. Baleares lo ha devuelto ahora.
El segundo contrato del Gobierno de Canarias con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL se cerró el 4 de mayo de 2020 por 4,77 millones de euros para el suministro de 1,9 millones de mascarillas. Se trata del contrato que se modificó un año después para cargarlo a fondos europeos.
El Gobierno de Canarias modificó en 2021 el contrato del 4 de mayo con la empresa del caso Koldo, un año después de firmarlo, para poder sufragarlos con fondos de la Unión Europea. Es decir, primero recibió el material y ordenó el pago con cargo al presupuesto autonómico. Luego anuló y rehízo el contrato para poder imputarle ese gasto a las ayudas que concede el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Además, el informe de la UCO indica que el Gobierno de Canarias modificó a posteriori los contratos de la trama Koldo «para dar cobertura justificativa» a la compra de miles de mascarillas. Según la Guardia Civil, el Ejecutivo canario las mascarillas quirúrgicas compradas a Soluciones de Gestión llegaron defectuosas y que, pese a ello, se dio «cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente».
Según el documento de la UCO, «se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato». Según la Guardia Civil, los documentos públicos de la contratación las mascarillas reflejadas en el acuerdo que figura en la web de contratación pública «no concuerdan ni con las actas de entrega ni con la factura proforma» que presentó Soluciones de Gestión.
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Sánchez saca a José Luis Ábalos del Gobierno de forma sorpresiva en julio de 2021. La noticia sorprendió a todo el PSOE. Sánchez nunca dio explicaciones más allá de una necesaria reestructuración del Gobierno.
El preinforme de la Audiencia de Cuentas realizado por Fernando Figuereo indica que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL carecía «de capacidad de obrar con la Administración». Además, señala que algunos contratos no fueron autorizados en Consejo de Gobierno como es obligatorio pese a superar los 2 millones de euros.
El pleno de la Audiencia de Cuentas rechaza la aprobación de este informe gracias a los tres votos de los miembros en su día propuestos por el PSOE y NC frente a los dos que designaron para su elección CC y PP.
La Fiscalía Anticorrupción decide remitir a sus homólogos europeos las investigaciones sobre la trama de corrupción que afecta al ex asesor de Ábalos que podrían ser constitutivas de fraude en los fondos europeos. Con fondos europeos Canarias pagó parte de los contratos con las empresas de Koldo: Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL (¿cantidad?). En el caso del Gobierno balear, la cantidad pagada con fondos europeos asciende a 3,7 millones de euros, dinero que ha tenido que devolver a Europa.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) solicita información al Gobierno de Canarias sobre los expedientes ahora objeto de investigación. El auto de la jueza que investiga el caso Koldo indica que la UCO no encontró mucha de la documentación que buscaba.
La querella formalizada por la Fiscalía tras las investigaciones del 'caso Koldo' es admitida a trámite por la Audiencia Nacional que designa a la UCO como policía judicial. Se centra en los contratos firmados por esta empresa 'instrumental' para el cobro de comisiones con varias administraciones públicas que suman 53 millones de euros: 20 millones de euros Puertos del Estado, 12,5 millones Adif, 3,4 millones con la Subdirección General de Gestión Económica Económica y Patrimonial, 12,2 millones con el Gobierno de Canarias (22% del total) y 3,7 millones con el Gobierno de Baleares. Estos contratos supusieron para la empresa de Koldo unos beneficios de 16,5 millones de euros (32% de los fondos obtenidos, según la querella).
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detienen a Koldo García, hombre de confianza de Ábalos. Los delitos que atribuyen los investigadores a los detenidos son cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. En total son arrestadas 20 personas. También se realizan 26 registros, todo ello en las provincias de Madrid, Alicante, Murcia, León, Álava, Vizcaya, Zaragoza y Cáceres. Ninguno en Canarias.
El Gobierno de Baleares anuncia que se personará en el caso que instruye la Justicia por el llamado caso Koldo. Adjudicó un contrato de 3,7 millones de euros, frente a los 12,2 millones en total de Canarias.
Baleares renuncia a los 3,7 millones de euros de fondos europeos que obtuvo para financiar el contrato de suministros con la empresa del caso Koldo.
La Fiscalía Europea anuncia que ha abierto una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados por Canarias y Baleares con empresas de la trama del caso Koldo. Esta investigación se activa tras la denuncia de un particular. Tanto Canarias como Baleares usaron fondos europeos para sufragar estos contratos.
En los últimos día se han conocido dos ramificaciones más del caso Koldo en las isls.
Por un lado, el sumario recoge el intercambio de mensajes entre cuatro presuntos integrantes de la trama y se incluye la referencia al contacto con el entonces viceconsejero y director del SCS, Antonio Olivera, que derivaría en el contrato con Eurofins Megalab para la realización de pruebas de covid. Esa empresa cobró 5,3 millones de euros en 2021 del Servicio Canario de Salud.
La otra 'pieza' es la contrata para la reforma del antiguo Cine Royal con el fin de adecuarlo a sede de la Agencia Tributaria Canaria. La UCO alertó al juez de que a comienzos de febrero de 2022 Koldo García viajó a Las Palmas de Gran Canaria y se alojó en el mismo hotel que lo hizo entonces el constructor José Ruz, que no está investigado pero que aparece como vinculado a otros componentes de la trama.
Tres días después de ese viaje, la Agencia Tributaria Canaria convocó la licitación por importe de 6,5 millones de euros y la adjudicación fue para Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), de José Ruz.
A finales del pasado año, la empresa se declaró en situación de insolvencia.
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Alicia Negre y Lidia Carvajal
Edurne Martínez y Sara I. Belled (gráficos)
Josemi Benítez, Gonzalo de las Heras y Jon Garay
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