El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias previas para investigar a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI -encargada de la gestión de los centros habilitados para menores no acompañados en la provincia de Las Palmas- y a cuatro de sus directores, después de que la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas interpusiera una querella contra ellos al apreciar indicios de la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos. La causa determinará si esta organización sin ánimo de lucro -que no está al corriente en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal- y sus responsables, utilizaron los fondos públicos destinados al cuidado de los menas «en beneficio propio», un montante que, según la querella, solo en Gran Canaria ascendería a 12,5 millones de euros durante los años 2020, 21 y 22.
Además, el Ministerio Público advierte en su querella de una grave «falta de seguimiento y control» en los contratos «tramitados de emergencia» por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, encabezada durante el periodo investigado por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Unidas Podemos).
Fuentes de la investigación han confirmado a CANARIAS7 que estas pesquisas se iniciaron en enero de 2022. El fiscal Anticorrupción Javier Ródenas abrió diligencias de investigación que culminaron el pasado 25 de mayo con la interposición de una querella que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria.
16 meses de investigación
Anticorrupción investigó con máximo sigilo durante 16 meses toda la estructura bancaria de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, los centros de menores Portobello -en Puerto Rico-, Guiniguada y Acorán -en la capital grancanaria- y los recursos de Yaiza y La Santa, en Lanzarote, además de las cuentas bancarias de sus directores.
Relata el fiscal Ródenas en su querella que «durante el periodo de tiempo en que duró la relación laboral de los directores de los centros de menores» que estaban contratados por la fundación, «estos habrían dispuesto de los fondos públicos subvencionados por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, en beneficio propio, desviando a sus cuentas personales dinero público».
Los directores recibían el dinero en sus cuentas y presentaban facturas que incluían tratamientos médicos y comidas de lujo
Tras un exhaustivo análisis de los flujos de fondos gestionados por la fundación, la Fiscalía considera acreditado, al menos indiciariamente, que se ha llevado a cabo un «desvío» de grandes cantidades de dinero público sujeto a fiscalización para «fines particulares». Es decir, que usaron presuntamente el presupuesto público destinado al cuidado de los menas para realizar «gastos particulares» que atribuían «falsamente a gastos de la inversión en el centro que dirigían con la finalidad de enmascarar el disfrute personal de los fondos públicos», relata.
El 'modus operandi' que, para el fiscal, utilizaba la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en los años 2020, 21 y 22, era el siguiente: la institución percibía del Ejecutivo autonómico por cada menor acogido la cantidad de 95 euros diarios. De esta forma, el Gobierno ingresaba a la entidad el resultante de la multiplicación de esa cantidad por el número de internos que tenían a su cargo. Pero desde que realizaban las transferencias, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se desentendía -presuntamente- del asunto y no controlaban el destino de esa importante partida presupuestaria.
Ese procedimiento, sostiene la Fiscalía, se convirtió en método habitual para las instituciones encargadas de la gestión de los menas en las islas, ya que el único control que realizaban para el seguimiento del contrato era un mero ajuste manual del número de menores ingresados en los recursos por el dinero que se facilitaba a cada uno. Solo en Gran Canaria, la factura por los cuatro años investigados ascendió a 12.505.878 euros.
Al recibir la transferencia, posteriormente la Fundación Respuesta Social Siglo XXI ingresaba a las cuentas personales de los cuatro directores una cantidad económica que no se correspondía con el dinero que recibían del Ejecutivo canario, a pesar de que se trata de una organización sin ánimo de lucro. Es decir, una gran cantidad de dinero supuestamente se quedaba en las arcas de la ONG. Lejos de destinar el presupuesto a su objeto final, transferían el montante que estimaban oportuno a los cuatro directores investigados, que luego tenían que justificar de cualquier manera los gastos realizados.
El Gobierno no hizo un «seguimiento y control en los contratos tramitados de emergencia» que tuvieron un coste de 12,5 millones
Esta forma de proceder la cambiaron ante el cierre de las cuentas de los directores. En ese momento, la fundación abrió otras de forma oficial y habilitó a los investigados para que gestionaran el presupuesto. Ellos tenían entonces que justificar los gastos y fue cuando empezaron a aparecer numerosas facturas, unas con conceptos ajenos a la actividad de la propia institución y otras con precios totalmente fuera de mercado.
Al analizarlas, fuentes policiales confirmaron a este periódico que se detectaron pagos a cuenta del dinero para los menas por conceptos como tratamientos médicos realizados por los investigados, pagos en restaurantes de postín, facturas desorbitadas de combustible o compras de alimentos a pesar de que contaban con un servicio de 'catering'.
Sin supervisión ni control
Anticorrupción pone el foco en la ausencia total y absoluta de supervisión y cumplimiento de la ejecución del contrato de la asociación por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. En la querella, determina que «existen indicios de una falta de seguimiento y control en los contratos tramitados de emergencia», que se «evidencian en la ausencia de medidas y consecuencias de penalidades cuando su incumplimiento por la fundación se hace aparente», apunta.
Todo ello a pesar de que hay muestras evidentes de una gestión deficitaria como fueron el cierre de la «operativa bancaria por sospechosa» y, «mucho más», cuando se produjo «la propuesta de cierre inmediato en junio de 2021 del centro de menas de Puerto Rico». Todo esto podría derivar, según el fiscal, «en una ineficiencia e incorrecta utilización de los fondos públicos».
Este caso Menas acaba de judicializarse y se une a otros en curso como el Mascarillas y Mediador que han sacudido al Ejecutivo canario en el último año.
No estaba inscrita en el Registro único de Fundaciones
Destaca el fiscal Ródenas que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI ni siquiera estaba inscrita en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal, un trámite indispensable para aquellas que operan en el ámbito de más de una comunidad autónoma. En este caso, la ONG trabaja en Madrid y Canarias. En síntesis, no estaba bajo el Protectorado único de Fundaciones que vela por el correcto ejercicio del derecho de fundación, por la legalidad de su constitución y funcionamiento.
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