La vertiente ganadera del caso Mediador tiene como figuras clave a los Fuentes, tío y sobrino que estuvieron al frente de la Dirección General de Ganadería del Gobierno canario, ambos integrantes del Partido Socialista. Los dos habrían tratado de solventar de manera ilegal expedientes sancionadores abiertos a ganaderías del archipiélago, ya fuera por cuestiones medioambientales o de trámites de subvenciones.
Ante el malestar de algunos ganaderos por los expedientes abiertos, Taishet Fuentes apartó de sus labores habituales al funcionario que lideraba las tareas de inspección y le encomendó otras tareas de menor trascendencia en la Dirección General de Ganadería. Así consta en la investigación que dio pie a la detención la pasada semana de doce personas y el envío a prisión de una de ellas -el general jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa-.
El malestar en la Consejería por esa situación era notable. De hecho, el funcionario apartado por Taishet Fuentes habría trasladado lo ocurrido a instancias superiores.
En junio del pasado año, la situación en la ganadería era casi explosiva. Los productores se quejaban del continuo aumento de los costes ante el impacto de la guerra en Ucrania en los mercados de cereales y forraje. Reclamaban más ayuda de la administración autonómica y se sentían desatendidos por el Ejecutivo. En ese contexto fue destituido Taishet Fuentes. El Gobierno sostiene que ese relevo no guardaba relación con el conocimiento de una investigación judicial que estaba en marcha hace meses, sino que lo atribuye a una pérdida de confianza y la convicción de que había que cambiar el rumbo de la Dirección General de Ganadería.
Dos móviles dan pie a media docena de piezas separadas
El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife abrió media docena de piezas separadas. Una de ella es la relativa al entramado de favores a empresas de ganadería. El resto se centra en otros negocios y áreas de gestión, del turismo a la sanidad o el deporte. Todas tienen su origen en la abundante información aportada al juzgado en dos teléfonos móviles por la persona a la que denunció el entonces director de Deportes del Cabildo, Ángel Luis Pérez Peña. Esa denuncia por estafa fue sobreseída en dos ocasiones, como adelantó 'Eldigitaldecanarias'.
Según fuentes oficiales, sí había llegado a oídos del Gobierno que Taishet Fuentes llevaba un ritmo de vida incompatible con las funciones que debía desarrollar.
En la investigación del caso Mediador se ha acreditado que Taishet Fuentes participó también en reuniones con su tío Juan Bernardo Fuentes y otros empresarios investigados en Madrid, unos encuentros que acababan con frecuencia en el club de alterne Sombras. El coste de esas fiestas rondaba los 3.000 euros y era abonado por los empresarios, como primer pago para conseguir favores de los Fuentes. El coste de una de las juergas, sin embargo, se disparó hasta los 11.000 euros, con el consiguiente enfado del empresario que tuvo que asumir el pago de la factura al hotel donde se celebró. Una de las fiestas con más participantes se celebró en febrero de 2021 en el hotel NH Imperial Playa, con media docena de participantes, entre ellos Taishet Fuentes y el general Espinosa.
En esa dinámica de favores entró el empresario tinerfeño de ganadería Alberto Montesdeoca, que se encontraba con una amenaza de sanción de 74.000 euros por irregularidades en la tramitación de una subvención. Montesdeoca hizo varios pagos a los Fuentes convencido de sus promesas de que se levantaría la sanción o al menos habría una rebaja sustanciosa.
Francisco Espinosa, general jubilado de la Guardia Civil (arriba); Alberto Montesdeoca, uno de los empresarios bajo investigación (abajo a la izquierda); Juan Bernardo Fuentes, a la derecha, con el empresario Antonio Suarez en el Congreso.
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Cuando comprobó que no hubo rebaja alguna en la sanción, Montesdeoca se sintió «traicionado» y rompió la relación con Taishet Fuentes.
Leche ante Presidencia
Asimismo, se investiga otro presunto favor a una empresa láctea de Gran Canaria que se enfrentó a un expediente sancionador por una elevada cuantía.
El asunto llegó a Taishet Fuentes, que habría influido para levantar o minorar las sanciones aprovechando para ello que ya no estaba en sus funciones de inspección el funcionario al que había apartado.
Ese caso generó un gran malestar en el Gobierno porque el dueño de la empresa habría hecho llegar a instancias superiores a las del director general su enfado, con la advertencia de «vaciar la leche» en la sede de la Presidencia del Gobierno.
Por orden judicial, agentes policiales reclamaron a la Consejería de Agricultura del Gobierno canario varios expedientes de empresas lácteas. Uno de ellos es de la empresa que amenazó con ese vertido de leche.
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