2,2 millones de euros para demandantes de vivienda en Lanzarote y La Graciosa

El gobierno cabildicio (CC-PP) trabaja para la creación de una línea de subvenciones, con una dotación de 2,2 millones de euros, dirigida a los demandantes de vivienda de Lanzarote y La Graciosa, con especial atención a los jóvenes. El presidente, Oswaldo Betancort, hizo pública esta medida durante el pleno extraordinario sobre el estado de la isla en dos sesiones a mediados de semana, destacando que el objetivo es «combatir la crisis habitacional que afecta a miles de personas, especialmente a los jóvenes que buscan acceder a una vivienda digna».

Betancort subrayó que esta iniciativa representa «un compromiso firme del Cabildo con los derechos básicos de nuestra población», y que se enmarca en el conjunto de acciones del gobierno insular para paliar el déficit habitacional que enfrenta la isla, provocada por «la nefasta política de vivienda del Gobierno central, que alienta la ocupación y no protege a los propietarios y propietarias».

Se darán a conocer los criterios para acceder a los fondos en próximas semanas.

En Lanzarote se estima la existencia de unas 16.000 viviendas vacías, mientras que el precio medio de alquiler ha superado los 13 euros por metro cuadrado, situando el alquiler mensual en torno a los 1.000 euros, un incremento que ha afectado gravemente a las familias residentes.

Además, se mantienen las acciones para favorecer la construcción de viviendas sociales, en coordinación con el Gobierno de Canarias. El Cabildo destinará este año 11 millones de euros para la compra de terrenos en distintos municipios. Asimismo, se invertirán 9 millones de euros adicionales en la compra de 42 viviendas en construcción en Uga para alquiler social.

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Finalmente, el presidente también valoró el esfuerzo del Gobierno de Canarias para controlar las casas turísticas, mediante el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, impulsado para limitar el crecimiento desmesurado de las viviendas vacacionales y, al mismo tiempo, permitir a las familias lanzaroteñas obtener ingresos extra de manera regulada. «Se trata de frenar la especulación y de dar oportunidad a las familias de Lanzarote para obtener un ingreso sin comprometer la disponibilidad de viviendas asequibles», destacó.