Fiscalía reduce a 18 meses de cárcel la pena al interventor confeso

Este lunes se celebró en el Palacio de Justicia de Arrecife la décima sesión de la vista de la segunda pieza del caso Montecarlo ligada al Ayuntamiento de Arrecife, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Fiscalía anunció las penas para los encausados, destacando la notable reducción de pena para Carlos Sáenz Melero, antiguo interventor.

En concreto, para el exfuncionario confeso, quien en la primera sesión de la vista se responsabilizó en exclusiva de una trama para obtener fondos del Consistorio, el Ministerio Público limita la condena a 18 meses de cárcel, así como multa y dos años y medio de inhabilitación. Se rebaja así a una cuarta parte la pena de prisión contenida en el informe inicial, por reconocer los hechos atribuidos, que se valoran como cooperación por el Ministerio Público.

Atendiendo a la versión del Sáenz Melero, quien ya ha visto rebajadas las condenas en otras piezas de Montecarlo, se cobraron 841.794 euros por servicios y obras supuestamente no prestados.

Para el resto de encausados, que desde el comienzo del juicio han defendido ser ajenos a cualquier acción delictiva, Fiscalía este lunes ha decidido mantener las peticiones de condena defendidas en el informe preliminar. Esta misma línea será la que se mantendrá en las conclusiones, a priori en dos sesiones a celebrar en Gran Canaria, los días 7 y 8 de junio.

Se exponen a penas más relevantes que la condena ya aceptada por el antiguo interventor el exalcalde José Montelongo y los antiguos concejales Isabel Martinón, Eduardo Lasso, Víctor Sanginés y Alberto Morales; así como los técnicos Isidro Hernández, Miguel Ángel Leal, Penélope Tabares, José Nieves. E igual acontece con el empresarios Carlos Lemes, vinculado a las empresas Señalcon e Inelcon.

En la cita de este lunes prestaron declaración los últimos testigos de la larga relación hecha por las partes meses atrás.

El exconsejero cabildicio Emilio Bermúdez dijo que se había hecho la feria comercial de Altavista en 2011 que se ha puesto en duda; y Leopoldo Díaz, ahora parte del Gobierno de Canarias, hizo repaso de su actividad temporal como secretario del Ayuntamiento. Dijo que era relativamente habitual llevar a pleno reconocimientos de deuda.

El operario Humberto Tavío indicó que era común la firma por diversos trabajadores locales para asumir que la certificación de trabajos hechos.

Extensa fue la declaración José Manuel Adán Carmona, jubilado componente de la Intervención General del Estado, valedor de un informe con sesgos personales sobre los porcentajes por gastos generales y beneficio industrial. Sostuvo que «el engranaje ha fallado, porque todos han fallado», cuando se le custionó por cómo pudo permitirse el comportamiento mostrado por el interventor investigado, de quien matizó posteriormente que «es autónomo dentro del Ayuntamiento». No supo aclarar si se había delegado la capacidad para contratar.

El auditor Enrique Salvador, quien analizó 43 de 1.052 facturas objeto de investigación en este caso, apreció que no encontró reparos del interventor, funcionario responsable de «garantizar la legalidad y transmitir seguridad jurídica».

De cierre, el perito Juan Pedro Salcedo ratificó que se habían hecho entre 2009 y 2010 trabajos en materia de iluminación contratados.

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