Exdirectivos de Urbaser sobornaron para conseguir contratos en Arrecife

Exdirectivos de Urbaser, tanto en Madrid como en la filial de Lanzarote y el jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife, han reconocido este miércoles ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que se abonaron sobornos a miembros del Consistorio a cambio de que Tecmed (nombre de la entidad por entonces) obtuviera el contrato de recogida de basuras en 2002.

Así lo han admitido a preguntas del fiscal anticorrupción, Javier Ródenas, durante la reanudación del juicio del caso Jable, última pieza separada del caso Unión por enjuiciar, que se suspendió en abril por la imposibilidad de la exalcaldesa de Arrecife, y principal acusada, María Isabel Déniz, de comparecer ante el tribunal por enfermedad.

El ejecutivo que llegó a ser número 2 de Urbaser, que en el momento del contrato era Tecmed -la beneficiaria del concurso supuestamente amañado-, Manuel Andrés Martínez, ha aceptado ante el tribunal que autorizó diversos pagos en metálico y en joyas, relojes de lujo y viajes para miembros del Consistorio de Arrecife, incluida su alcaldesa; y para Dimas Martín, líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), la fuerza política que gobernaba en la capital de la isla en ese momento.

«Se nos fue la mano, desgraciadamente, por la confianza que había con el señor Álvarez y la intención primera de mantener el contrato, pues se nos fue la mano», ha señalado Martínez, quien se ha mostrado arrepentido por el prejuicio causado.

El pasado 19 de mayo, Urbaser anunció que despedía tanto a Martínez como a otro de sus directivos procesados en el caso, Santiago Alonso, tras confirmarse que ambos habían enviado un escrito de la Fiscalía en el que se confesaban autores de un delito de cohecho en este caso, en la línea con lo que han declarado hoy.

Antes de Martínez se dirigiera al tribunal, el gerente de la empresa en Lanzarote en el momento de los hechos, Jacinto Álvarez, reiteró lo que ya declaró en instrucción, dando por válidas las anotaciones del día a día de la empresa que apuntaba en unas agendas, y en las que escribía de los pagos realizados y los pasos que se dieron para lograr obtener el contrato público.

«Yo no he pagado nada. Hablando vulgarmente, he hecho de camello. A mí me daban el dinero para Fulano, Mengano o Zutano», aseguró Álvarez en un complicado interrogatorio en el que la magistrada presidenta, Oscarina Naranjo, le ha llamado la atención en varios momentos por no limitarse a responder a las preguntas de las partes.

Álvarez también dijo que Tecmed le había cogido «como chivo expiatorio» y ha negado que tuviera los «poderes» para autorizar esa serie de pagos que se le imputan.

Uno de los supuestos beneficiarios de los pagos que realizó la empresa fue el jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento, Juan Rafael Arrocha, quien detalló en qué consistió el amaño del contrato y cómo se fraguó.

«Se me trasladan todos los expedientes de las proposiciones y se me dice que a la alcaldesa le interesaba que se supiese cuanto antes a efectos de arreglarlo con la empresa Tecmed», explicó para luego reconocer que fue quien modificó los documentos para favorecer los intereses de esta mercantil.

Asimismo, apuntó que Tecmed «no podría haber sido la adjudicataria del contrato público» porque su propuesta quedó como segunda opción y que, por ello, se cambiaron las mejoras económicas ofrecidas por la propuesta con el fin de que resultara más ventajosa para los intereses de la vinculación.

Además de las dádivas de Tecmed, el fiscal Ródenas también pone el foco en su acusación en el pago de un viaje a la ciudad marroquí de Marrakech para Déniz y su familia que fue costeado por la empresa FCC Construcción, presuntamente en respuesta a obtener el contrato de obra para construir un pabellón deportivo en Argana Alta.

El que fuera delegado provincial de la mercantil en Las Palmas por aquel entonces, Enrique José Hernández, ha reconocido que costearon ese viaje y que fue él quien dio el visto bueno a la operación, al tiempo que negó que ese dinero fuera retornado a la empresa.

También declaró, desde la cárcel, Dimas Martín. Reconoció que se agenció 72.000 euros.

Por su parte, uno de los acusados, Miguel Ángel Leal, negó cualquier tipo de implicación en la presente trama, cuyo nombre aparece por la declaración de otro imputado, ya fallecido, Matías Curbelo: «No tenía nada que ver con la adjudicación del contrato de basuras, yo trabajaba en ese entonces para el Cabildo de Lanzarote».

El juicio continuará el viernes con las declaraciones de la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y del que fuera secretario municipal del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero.

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