La Audiencia afronta la enésima suspensión del juicio del caso Jable

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado las fechas para enjuiciar la única pieza que queda pendiente del caso Unión, que corresponde al conocido como caso Jable. La sala había fijado el pasado mes de julio que el plenario se celebraría en Arrecife a partir de los días 17, 18, 24, 25 y 26 de abril y los días 2, 3, 4, , 22, 23, 24, 29 y 31 de mayo, sin embargo por un error en el procedimiento quedaron en suspenso. Ahora, tras una resolución notificada el pasado día 9 se han confirmado las mismas fechas.

Sin embargo, de nuevo vuelve a estar todo en el aire, dado que el letrado de uno de los acusados -el exjefe de la oficina técnica de Arrecife, Rafael Arrocha- ha solicitado la suspensión, ya que las fechas le coinciden con otros señalamientos.

Esta causa en la que figuran 15 acusados ha sufrido reiterados retrasos y aplazamientos, que suman ya unos siete años desde que acabó la instrucción, en marzo de 2016. El caso jable se inició en 2009. En esta pieza se pretende dilucidar el supuesto amaño del concurso adjudicado por el Ayuntamiento de Arrecife del contrato de basuras a la empresa Urbaser, la adjudicación de la construcción del pabellón deportivo municipal de Argana y el supuesto pago de comisiones.

De los 13 acusados, hay cinco directivos de Urbaser, entre ellos el exgerente, Jacinto Álvarez, principal acusado como responsable de los supuestos sobornos, y dos de FCC. También están la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, el expresidente del PIL, Dimas Martín, el exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el exsecretario municipal, Felipe Fernández Camero.

La Fiscalía pide 13 años de cárcel para Dimas Martín e Isabel Déniz por asociación ilícita, prevaricación y cohecho. La calificación del fiscal se presentó en enero de 2017 y se abrió juicio oral en septiembre de 2018. La Fiscalía cree probado que Dimas Martín, Isabel Déniz, Rafael Arrocha y Felipe Fernández Camero recibieron sobornos y regalos de Urbaser, y otras pagos de FCC.

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Los retrasos se han debido entre otras cosas a las recusaciones por parte de los acusados a los jueces Pilar Parejo, Nicolás Acosta y Pilar Verástegui, al entender que ya se habían pronunciado en otras piezas del caso, recusación que fue rechazada. Poco después, los tres magistrados fueron quienes se abstuvieron, al enjuiciar de forma paralela otro caso, en el que figuraba acusado Jacinto Álvarez. Posteriormente, la propia Fiscalía recuso a los magistrados Carlos Vielba y Belén Sánchez de la Sección Sexta, por haber participado en otros juicios de este mismo caso en 2019, recusación que fue admitida, nombrándose tres nuevos magistrados.